La reciente noticia sobre la posible imposición de una cuota compensatoria del 20.91% al jitomate mexicano por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha encendido las alarmas en el sector agroalimentario mexicano.
La medida está programada para entrar en vigor el próximo 14 de julio; y aunque se espera que pueda ser reconsiderada, su sola posibilidad representa una seria amenaza a la estabilidad de la cadena agroalimentaria en América del Norte.
México exporta el 90% del jitomate que importa Estados Unidos, lo que evidencia no solo una fuerte interdependencia comercial, sino también la relevancia estratégica de este producto en la dieta diaria de millones de hogares estadounidenses.
El jitomate es un alimento altamente perecedero y un insumo básico no solo de ensaladas, sino también en salsas como la cátsup, altamente consumida en los Estados Unidos.
Una cuota como la planteada podría generar un alza inmediata en los precios. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, el incremento podría rondar el 11.54%, afectando directamente el bolsillo de los consumidores y presionando a toda la cadena de valor.
Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en voz de su director general, Juan Carlos Anaya, el 98% de las exportaciones de jitomate mexicano se dirigen al mercado estadounidense, representando más del 55% del consumo de jitomate en ese país.
Si casi 6 de cada 10 jitomates que se consumen en Estados Unidos provienen de México, resulta evidente que no será fácil sustituir este producto, debido a la calidad, la cercanía geográfica y la competitividad en precios que ofrece el campo mexicano.
Este escenario vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de preservar la certidumbre y el comercio basado en reglas claras, que estén por encima de las narrativas políticas.
La integración agroalimentaria de América del Norte no puede estar sujeta a decisiones unilaterales que desestabilicen sectores clave para ambas economías.
Apostar por el entendimiento técnico y la colaboración binacional debe ser el camino para resolver este diferendo que tiene poco sustento legal y comercial y para proteger la competitividad regional.
Veremos qué pasa porque esto tiene otro nombre, pero es un arancel, y es, sobre todo, una bandera política y otro capítulo en las negociaciones.
