Los defensores del Estado laico siguen luchando batallas. Cuando parece que el tema ha quedado agotado, surgen nuevos detractores que, bajo su maniquea visión, intentan destrozar el principio histórico de separación entre el Estado mexicano y las iglesias, llevando a la sociedad a conflictuarse por estos temas.
La laicidad es la condición suficiente que nos permite a todos, creyentes y no creyentes, coexistir en un ámbito de respeto. Esta condición requiere, al mismo tiempo, del principio histórico de separación Estado e iglesias, del principio de no discriminación y del principio jurídico de igualdad. En consecuencia, la laicidad nos garantiza a todos que el Estado no promoverá ni privilegiará a una religión o una fe y, al mismo tiempo, las iglesias no intervendrán en la vida pública ni la política. El concepto de laicidad puede y ha sufrido ajustes, también es verdad que en nuestro país se ha mantenido más o menos con estos alcances y requisitos, por llamarlos de alguna manera.
Quizá por eso, hace unos días se llevó a cabo un foro en el Senado de la República titulado: “¿Libertad religiosa plena?”. La intención era debatir y analizar si el derecho de la libertad religiosa –derecho humano o derecho prestacional- está plenamente garantizado en nuestro país o, si como dicen algunos evangélicos y la Iglesia Católica, es necesario “ampliar ese derecho” para que las iglesias puedan poseer y administrar concesiones de radio y televisión. Esta última premisa claramente tergiversa el derecho a la libertad religiosa –derecho humano- y confunde con derechos ampliados aquellos que las instituciones religiosas intentan defender –derechos sociales, no prestacionales-. Y quizá por eso, en el foro realizado en el Senado de la República se analizaron las correlaciones de fuerzas entre laicidad como política de Estado por un lado y libertad religiosa como derecho humano por otro lado. Expertos en el tema, académicos de reconocida trayectoria, historiadores y sociólogos se unieron a las voces de distintos senadores quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la característica de la República –la laicidad- con el cumplimiento y aplicación de la ley vigente. Argumentos en contra de la concesión de estaciones de radio y televisión han sido esgrimidos por expertos en estos temas pero es necesario manifestarlo aquí en estas líneas: no debemos dejar de insistir que si bien la laicidad es un concepto en constante evolución, el principio de separación del Estado con las iglesias se fortalece en la misma medida que se aplica y respeta el Estado de Derecho en esta materia; por el contrario, reformar o intentar reformar la legislación –aunque sea esta secundaria- terminará por destruir ese principio histórico que nos ha permitido convivir de manera más o menos pacífica, manteniendo en la esfera de lo privado las creencias y dejando al Estado la responsabilidad-obligación de los temas más superficiales que le son inherentes.
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