La consulta a las comunidades para la designación de los delegados rurales hubiera podido ser un excelente ejercicio de apertura, de inclusión y de participación democrática. Quizá la intención del presidente municipal fue buena, pero lamentablemente cuenta con un equipo que no le ayuda y que trastorna los procesos por su falta de pericia.
El 25 de febrero, el Ayuntamiento aprobó el dictamen, que incluía las bases de la convocatoria a la consulta. Dicho dictamen fue votado en contra por regidores del PRI, del Verde y de Encuentro Social, por una razón simple: nos fue enviado a nuestros correos electrónicos apenas 40 minutos antes del inicio de la sesión del Pleno del Ayuntamiento, mientras estábamos en mesa de trabajo los miembros de la Comisión de Gobierno. De manera que no hubo tiempo de verlo ni siquiera durante un minuto.
La desaseada forma con que manejó las cosas la Secretaría del Ayuntamiento provocó el voto en contra, por el desconocimiento total del documento que se sometía a votación.
Después de conocer el documento y después de ver cómo operó la Dirección de Desarrollo Rural el registro de los aspirantes, ahora se puede decir que el tiempo nos dio la razón. El dictamen trae errores serios.
Por ejemplo, los requisitos para poder ser delegado. La Ley Orgánica Municipal es muy clara: los requisitos son los mismos que se exigen en el artículo 110 de la Constitución Política Local para ser miembro del Ayuntamiento: ser mexicano, tener 21 años cumplidos y residencia mínima de dos años.
Pues bien, en el dictamen se aprobaron dos requisitos adicionales: una carta dirigida al Señor Presidente municipal con los motivos para querer ser delegado y un programa de trabajo.
Quien no sabe nada de derecho esto lo ve de lo más normal y de lo más lógico. ¿Cómo no pedir mínimo un programa a quien quiere ser delegado? ¿Y qué de difícil tiene el hacer una carta al presidente municipal?
Pero quien tiene conocimientos mínimos de derecho público sabe que cuando una ley señala requisitos para participar en la función pública, ninguna autoridad administrativa puede inventar ni un requisito más. Así fuera algo sumamente loable, o conveniente o lógico o dígase el adjetivo que se quiera, simplemente no puede hacerlo. Porque la autoridad administrativa no puede ir más allá de lo que le señala la ley. Un reglamento no puede ir más allá de la ley. Menos un acuerdo de Ayuntamiento. Mucho menos unas bases de una convocatoria. Muchísimo menos los operadores de los registros.
Al hacerlo así, se negó el registro a personas que cumplieron con los requisitos de ley, excluyendo, sin necesidad y manchando un proceso que pudo haber sido ejemplar.
Una más: en la convocatoria no se previó que quien tuviera alguna deficiencia en la entrega de documentos la pudiera subsanar. ¿En qué proceso no se previene a las personas para que completen la documentación que les falta? Los propios miembros del Ayuntamiento saben muy bien que cuando fueron registrados en las planillas por sus respectivos partidos, hubo oportunidad para que los partidos subsanaran las deficiencias en la documentación de los aspirantes. Eso sí es lo lógico, lo normal, lo garantista. En cambio, en el caso de los aspirantes a delegados, con criterios que francamente dan pena, se les impidió a diversas personas entregar algún documento que le faltaba estando todavía abierto el plazo para la recepción de documentos.
Y a diversas personas se les entregó un “notificación” con deficiencias lamentables. Simplemente se les dijo que estaban fuera por no haber cubierto todos los requisitos. Sin motivación alguna, es decir, sin explicarles qué requisito faltó y sin fundamentación alguna, esto es, sin ninguna norma jurídica que diera sustento a la negativa del registro.
En la sesión de Ayuntamiento de esta semana éstas y otras deficiencias elementales fueron dadas a conocer por la regidora Norma López, el regidor Sergio Contreras y por un servidor. Desafortunadamente, los panistas, en voz de su coordinador, Luis Ernesto Ayala, optaron por descalificar los señalamientos con el pretexto de que eran posiciones partidistas e inventó una serie de historias y acusaciones, de manera que al exigirle la regidora pruebas o de lo contrario una disculpa pública, el síndico no tuvo más remedio que desdecirse y su acusación mentirosa cayó por su propio peso.
Definitivamente, el área jurídica del municipio nuevamente queda a deber. Ya denunciamos en el Ayuntamiento el desorden que se vive en la Secretaría del Ayuntamiento y en especial en su área jurídica. Pero por lo visto no se les ven ganas de componer el barco. La soberbia les gana y prefieren recurrir a la negación como mecanismo de defensa ante la evidencia de los hechos.
Pobre Presidente municipal, con ese equipo sus propuestas, por más loables que sean, van a continuar naufragando en el mar de la incompetencia y la ineptitud. Pobre Presidente, con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos?
