El reciente hallazgo de un campo de entrenamiento clandestino en La Vega, Teuchitlán, apenas días después del escándalo del Rancho Izaguirre, vuelve a exhibir lo que el gobierno se empeña en minimizar: la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, y su respuesta es tibia y evasiva.
Lo que ocurre en este municipio jalisciense no es un hecho aislado ni una casualidad. Es el reflejo de un país donde el crimen organizado ha encontrado en la omisión —o complicidad— de las autoridades el mejor terreno para operar sin restricciones. Durante años, los grupos criminales han establecido casas de seguridad, centros de reclutamiento y fosas clandestinas en distintas partes del país, pero lo que se ha revelado en Teuchitlán confirma que estos lugares no solo sirven para ocultar víctimas, sino también para adiestrar a nuevos sicarios.
La intervención del Rancho Izaguirre en septiembre de 2024 resultó ser una farsa. En ese momento, el gobierno estatal informó sobre la detención de diez personas y la liberación de dos más. Sin embargo, no se reconoció públicamente que el sitio estaba vinculado a un grupo criminal ni se investigó a fondo. Se encontró un cadáver envuelto en plástico, pero no se habló de fosas ni de crematorios clandestinos.
Meses después, en marzo de 2025, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hicieron lo que la Fiscalía no quiso o no pudo hacer: descubrieron restos humanos y evidencias de incineración. La falta de seguimiento en la investigación inicial permitió que el lugar siguiera operando con normalidad, lo que deja claro que las instituciones encargadas de la seguridad no solo actúan con negligencia, sino que posiblemente protegen a ciertos actores del crimen organizado.
Este no es un caso aislado. En múltiples estados del país, las madres buscadoras han demostrado ser más eficientes que las fiscalías estatales en la localización de fosas y sitios de exterminio. Su labor, que debería ser complementada por las autoridades, en realidad las enfrenta a amenazas y criminalización. En México, buscar a un desaparecido es un riesgo que muchas mujeres están dispuestas a correr ante la indiferencia del Estado.
El hallazgo del Rancho Izaguirre ya de por sí era alarmante, pero el descubrimiento de otro campo de adiestramiento en La Vega, también en Teuchitlán, confirma que esta región se ha convertido en una zona clave para el entrenamiento del crimen organizado.
En este segundo sitio, el Ejército Mexicano liberó a 36 personas que habían sido reclutadas con falsas ofertas de trabajo. Engañados con la promesa de empleos bien pagados, los jóvenes eran citados en la central camionera de Zapopan y trasladados a Teuchitlán, donde eran forzados a entrenarse en el manejo de armas y tácticas de combate. Si intentaban escapar, eran amenazados con ser asesinados.
Esto evidencia una estrategia de reclutamiento sistemática que el gobierno parece no querer reconocer. El crimen organizado ya no solo recluta por la fuerza, sino que engaña a jóvenes desempleados con la promesa de trabajo, aprovechándose de la falta de oportunidades y de la precariedad en la que viven miles de mexicanos.
