El derecho de acceso a la información para la transparencia y la protección de datos personales no se eliminaron ni se suspendieron, se pregona desde la modificación del artículo 6° Constitucional federal que trajo consigo la extinción del INAI y provocó lo mismo con los órganos garantes locales del país. Una verdad a medias.
La extinción de los órganos garantes no suprimió los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en la Constitución, pero al modificar el modelo para su ejercicio integral, se abrió un periodo de incertidumbre. La transparencia no es sólo publicar información y atender solicitudes de información. La garantía de derechos para la transparencia requiere de órganos y mecanismos. Esto fue afectado en la federación así como en Jalisco y las entidades federativas.
En el ámbito federal, se tuvo un impasse luego del 20 de marzo de 2025 al extinguirse el INAI y la entrada en operación del órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Transparencia para el Pueblo, y nuevas 17 autoridades garantes; en el resto del país, a la fecha sólo operan 69 nuevas autoridades garantes tras la extinción de los órganos garantes de Tabasco, Yucatán, Baja California, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes. En el resto de las entidades están en procesos legislativos de extinción y de armonización legal con base en el nuevo modelo impuesto. Un caos, pues, del cual Jalisco no se libra.
El rezago en Jalisco lleva diez meses y medio. El 18 de junio de 2025 debió adecuar su normatividad; hasta el 16 de octubre siguiente comenzó a realizarlo (120 días de retaso) con la adecuación a su Constitución, y el pasado jueves 15 de enero, venció el plazo para contar con leyes secundarias.
En este último periodo extinguió al órgano garante, el ITEI, y quedamos en un limbo jurídico e institucional para garantizar íntegramente los derechos fundamentales.
De acuerdo con los nuevos principios constitucionales federal y local, la Contraloría del Estado quedó en una posición de mayor responsabilidad como nueva autoridad garante, pero limitada al no contar con la normatividad local para actuar a plenitud; no digamos cómo están las nuevas autoridades garantes: poderes Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos, entre otros.
Sin embargo, con lo que se tiene (marcos jurídicos aplicables, así como capacidades institucionales y humanas). La Contraloría, desde una perspectiva y sustento en los derechos humanos de los sujetos de los derechos, desde diciembre pasado asumió su carácter de autoridad garante en las dependencias del Ejecutivo y comenzó, por lo pronto, el acompañamiento y supervisión en materia de transparencia de los 125 Ayuntamientos.
¿Y las otras nuevas autoridades garantes de Jalisco? Urge la certeza que el Congreso debe dar, para la garantía integral de los derechos en juego; requisitos sine quibus non la transparencia es palabra.
