El tiempo llegó. La reforma político-electoral entra a su momento más crítico. Los amarres con los aliados de Morena, PT y PVEM están en punto álgido y “en casa de Morena”, el llamado a la lealtad con el movimiento de transformación, e incluso amagos, están puestos sobre la mesa. La oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, no sólo excluidos de facto, sino desarticulados como si buscaran su propia supervivencia.
Se abrió el segundo periodo de sesiones ordinarias de la LXVI Legislatura federal del Congreso de la Unión, y conforme a la “hoja de ruta”, en los próximos días se presentará la iniciativa formal de reforma político-electoral que se “cocinó” este pasado enero.
Será un periodo de sesiones intenso en cuanto la iniciativa se presente y todo girará en torno a ella. No es para menos. Se trata de las reglas del juego y mecanismos institucionales para el acceso al poder público, del modelo de representación social y política en la integración del Poder Legislativo, así como del árbitro electoral.
Un punto que podrá ser quiebre en el sistema político mexicano, con efectos sociales. Un cambio que responda a intereses de grupo, más que a necesidades sociales.
En riesgo está el eslabón ya debilitado del andamiaje administrativo electoral (INE y organismos locales). Lo que resta a la democracia luego de otros ya eliminados, como los organismos ciudadanos de contrapeso al poder público.
En silencio está otro. El que han asfixiado por inanición institucional. Es el Sistema Nacional Anticorrupción. Bastará una iniciativa de reforma (ya anunciada por la titular del Ejecutivo federal), la cual se aprobará sin aspavientos, pues en los pasados siete años ha resultado socialmente inexistente. En la mayoría de los estados, ese sistema tendrá la misma suerte, aunque en Jalisco no tanto, pues ha sido el único operante y con un actuar político y social de particular calado en los procesos de designaciones públicas.
Para marzo, se prevé que esté lista la reforma a la Constitución en materia político-electoral, si no se rebelan los “enanos”, y por urgencia, las adecuaciones a leyes secundarias con las que se operan los principios constitucionales. La fecha límite para que la reforma electoral pueda ser aplicable en 2027 es el último día de mayo próximo, pues el proceso electoral federal arranca en septiembre siguiente.
Luego, las 32 entidades federativas deberán hacer lo mismo. Reformar sus constituciones y leyes secundarias, pero con fechas distintas. Por ejemplo, Jalisco comienza su proceso electoral local 2026-2027 en octubre, con lo que tendrá un mes más para realizar reformas.
A la par, Jalisco, tiene otro pendiente de gran envergadura: la reforma para la elección-integración del Poder Judicial, que ha subordinado al contenido de la reforma político-electoral federal.
