El modelo para garantizar el derecho de acceso a la información impuesto desde la Constitución federal y la nueva “Ley General de Transparencia” enfrentará un grado de complejidad que propicie la negación de lo que se pretende garantizar. Un modelo de fragmentación y centralista de origen, pero que desde lo local podría rediseñarse sin contravenir lo federal, para superar la fragmentación.
En Jalisco, con base en los registros del aún único organismo garante, el ITEI, se tiene el registro de 578 sujetos obligados, y con base en las disposiciones constitucionales, pasaremos de una autoridad garante (ITEI) a nueve, que conocerán, atenderán y resolverán recursos de acceso a la información y de transparencia de acuerdo con los sujetos obligados que les correspondan.
Así, Contraloría del Estado como autoridad garante le corresponderán 506 sujetos obligados directos e indirectos (87.5 por ciento), pues, además de los sujetos correspondientes al Poder Ejecutivo tendrá ante sí los respectivos de los ayuntamientos; luego estará el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, con 56 sindicatos como sujetos obligados (9.7 por ciento); enseguida el IEPC Jalisco, consigo mismo y los partidos políticos; continúa el Poder Judicial con tres; Poder Legislativo con dos; y con uno, es decir, para ellos mismos (recordemos que el modelo hace que el sujeto obligado sea a la vez autoridad garante -juez y parte-) los restantes organismos autónomos: CEDHJ, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Ante el sujeto obligado se presentan las solicitudes de información, y entre sus obligaciones primarias, por no decir la primaria desde la transparencia activa, es la publicación y difusión de información fundamental; si sobre lo anterior no cumplen, total o parcialmente, se acude ante la autoridad garante, que no será el ITEI, pues dejará de existir, sino ante la autoridad garante que le corresponda. Y ahí es donde las vías de la garantía se diversifican (pues es un modelo fragmentado de garantía).
Si bien la Contraloría del Estado no será la única autoridad garante, sí será la que más tenga la carga de recursos. Más del 80 por ciento de los recursos que se han presentado ante el ITEI son de Ayuntamientos y del Poder Ejecutivo.
La Ley General de Transparencia establece un sistema para definir políticas y rutas a seguir en el ámbito nacional, y deja a los estados crear subsistemas con funciones subordinadas al nacional como supervisar, promover y opinar. Jalisco no debe quedarse en ello. Sería ignominioso. Su subsistema debe ser un sistema estatal que no espere a lo que el nacional diga qué, cuándo, cómo y con qué garantizar el ejercicio libre de derechos fundamentales, y menos aún, sin la presencia y participación de los sujetos de derechos que en el modelo constitucional nacional fueron excluidos.
Y esto es sólo sobre el derecho de acceso a la información; trato aparte y distinto, aunque ignorado en el debate público y del Congreso local, es la protección de datos personales.
