El antiguo fiscal de la nación había ya explicado muy detalladamente las cosas. Soltó por ahí una expresión un tanto desafortunada, la de la tal "verdad histórica", que dio lugar a burlas y descalificaciones. Pero, ¿no es acaso perfectamente creíble que en un país, azotado por la violencia criminal y carcomido por la corrupción, 43 jóvenes hayan podido ser masacrados por los sicarios de la organización Guerreros Unidos, en complicidad con los policías municipales de Iguala y Cocula, localidades donde hay un descomunal trasiego de cocaína y heroína hacia los Estados Unidos? Después de todo, 72 emigrantes centroamericanos —58 hombres y 14 mujeres— fueron arteramente ejecutados por Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. Posteriormente, en 2011, 193 personas fueron exterminadas en la misma localidad. Por su parte, en Allende, en el estado de Coahuila, 300 vecinos del pueblo fueron asesinados, al tomar venganza el Z-40, líder de los antedichos Zetas, tras haber sido traicionado por dos antiguos colaboradores suyos que habitaban la comunidad. Y, ¿qué pasó? Casi nada, señoras y señores. Las noticias de estas espantosas atrocidades no ocuparon los titulares de la prensa; jamás intervino visiblemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pesar de que entre las víctimas del suceso de 2010 figuraban ciudadanos de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Brasil; nunca nadie profirió la sentencia de que "fue el Estado"; no vimos manifestaciones, tomas de casetas de peaje de autopistas, robos de camiones de mercancías ni destrozos de tiendas "de conveniencia".
Vivimos en el infierno, pues. Pero, de pronto, la tragedia de Iguala se vuelve no sólo inexplicable y oscura sino que resulta de la calculada estrategia de un Gobierno que, quién sabe por qué, oculta la verdad y decide afrontar, en consecuencia, un colosal desprestigio. Y, bueno, ahí están los expertos del exterior, invitados por ese mismísimo Gobierno mexicano, tan masoquista, para decir que los cuerpos no pudieron arder en la pira del basurero mientras que otros especialistas sostienen lo contrario. Va a hacer falta incinerar de nuevo a 43 muertos. ¿Quedan cadáveres de San Fernando y Allende?
revueltas@mac.com
