La arremetida contra el INE carece de toda lógica. Fue el organismo que validó el proceso electoral gracias al cual impera hoy el régimen de la 4T, es decir, que los actuales gobernantes son los primerísimos beneficiarios de la solidez institucional garantizada por ese gran ente público del Estado mexicano. Los propios adherentes al oficialismo reconocen que las últimas votaciones presidenciales fueron transparentes y confiables. El instituto organiza los comicios con la participación de miles y miles de ciudadanos, que son los encargados de contar los votos y de certificar los resultados. Se han celebrado 330 elecciones bajo la tutela del INE, de manera perfectamente organizada y todas ellas en un clima de civilidad democrática. La creación del instituto es una respuesta a las incansables luchas sociales de los ciudadanos que sobrellevaron, durante décadas enteras, la aplastante dominación de un sistema regido por un partido único. El día de las elecciones, todos y cada uno de los partidos políticos tienen representantes en las casillas para vigilar que las cosas se lleven a cabo legal y equitativamente. ¿Por qué desmantelar ahora tan ejemplar institución?
Los pretextos están a la vuelta de la esquina, desde luego: sería un organismo muy caro, para empezar, y sus integrantes ganan demasiado dinero. Pues, la estabilidad democrática tiene un precio, señoras y señores, sobre todo en un país, como el nuestro, al que le ha costado mucho trabajo construir instituciones y donde la instauración de un auténtico Estado de derecho sigue siendo la gran asignatura pendiente. Y, en lo que toca a los salarios, ¿no debería de ser motivo de orgullo, para un país, que los miembros de un ente autónomo ganen más dinero que el mismísimo jefe del Ejecutivo en tanto que ello iría a contracorriente de lo que ocurre en las naciones sometidas al presidencialismo imperial?
Y, pues sí, lo de los ingentes emolumentos fue una solución encontrada, en su momento, para responder al canto de sirenas de la corrupción. No es algo, sin embargo, que alcance la dimensión de un problema nacional como para, a partir de ahí, decretar la extinción del INE en los hechos: el dinero del erario se sigue dilapidando alegremente y México, hoy por hoy, sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo.
El tema va por otro lado: de lo que se trata, según parece, es de que el poder político vuelva a controlar las elecciones. O, por lo menos, eso es lo que uno podría sospechar en primer lugar al oponer los hechos –la valiosísima contribución del INE al advenimiento de la democracia, su notable capacidad técnica, la aceptación ciudadana de la que goza y su papel como garante de unas elecciones confiables— a la retórica de los heraldos del oficialismo.
Ahí sí que tendría sentido –siguiendo los dictados de una lógica tan perversa como siniestra— la estrategia de acoso y derribo contra ese organismo: la 4T pretende perpetuarse al mando.
Román Revueltas Retes
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