La simple intervención de la policía no asegura el cumplimiento de la ley. Los cuerpos policiales son solamente una parte de la ecuación. Su trabajo debe estar respaldado por el aparato de justicia en su conjunto y ése, justamente, es el gran problema que tenemos en un país que sobrelleva gravísimas carencias en el apartado de garantizar seguridades jurídicas.
No rige un Estado de derecho en México ni mucho menos. Lo que tenemos es una muy selectiva y arbitraria impartición de justicia frente a la cual los ciudadanos más pobres se encuentran en una situación de absoluto desamparo.
El sistema no castiga los delitos (las tasas de impunidad no sólo son de escándalo sino que nos condenan, como sociedad, a seguir sufriendo las salvajes embestidas de la delincuencia), no previene las conductas antisociales, no resuelve los procesos, no investiga y no opera adecuadamente salvo en muy contados casos. Ahí tenemos el embrollo de Ayotzinapa, para mayores señas.
El Ejército puede aparecerse para patrullar las calles después de una espeluznante masacre como la acontecida hace unos días en San Miguel Totolapan, Guerrero, pero no va a realizar las tareas que corresponden al Ministerio Público, no va integrar una carpeta de investigación, no va a cooordinar el conjunto de actuaciones para sustentar el juicio final, no va a calificar los delitos (una vez comprobados) para determinar la culpabilidad de los delincuentes ni va a dictar tampoco sentencia al final del proceso. Cosas todas ellas, miren ustedes, ejecutadas con singular dejadez en este país, por no hablar de la descomunal tardanza de la maquinaria judicial. Tan defectuoso es el trabajo de los fiscales y los inculpadores que los jueces no tienen otro remedio, las más de las veces, que no proceder con las condenas aduciendo “fallas al debido proceso”.
La estructura judicial del Estado mexicano carece de la capacidad necesaria para procesar las causas penales. No tiene los medios suficientes ni los recursos necesarios. Le faltan jueces. No le bastan los Ministerios Públicos. Muchas de las entidades federativas no cuentan con una policía científica para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y resolver el sumario basándose en pruebas, como corresponde, y no recurriendo a confesiones obtenidas de manera, digamos, una tanto sospechosa (estaríamos hablando, en todo caso, de procedimientos marcados por la arbitrariedad y, en muchas ocasiones, de la flagrante fabricación de acusaciones).
Este estado de cosas no se resuelve tan fácilmente, señoras y señores. Más bien al contrario: es algo que necesitaría de un gigantesco esfuerzo nacional. Las prioridades han sido otras, sin embargo, en las últimas décadas. Por eso nos encontramos, el día de hoy, solicitando el auxilio de nuestro Ejército. Pero, sin justicia nunca tendremos seguridad.
Román Revueltasrevueltas@mac.com
