Hay que reconocer el trabajo que está realizando Omar García Harfuch y, de pasada, acreditar que una de las prioridades de la presidenta Sheinbaum es aminorar la escalofriante violencia criminal que azota a este país, así como lo evidencia la estrategia de combate a los delincuentes implementada por su gobierno.
La suprema responsabilidad de un Estado es la salvaguarda de sus ciudadanos hasta el punto de que esa encomienda termina siendo su propia razón de ser. Y, bueno, la muy socorrida sentencia del sociólogo Max Weber de que la potestad de ejercer la violencia legítima es precisamente lo que define al Estado nos habla de que en un territorio nacional nadie puede arrebatarle ese monopolio, así sea que el mero hecho de invocar la brutalidad de un ente todopoderoso nos resulte un tanto inquietante.
Es muy curioso, justamente, el repudio de los izquierdosos trasnochados al uso de la fuerza del Estado, denunciado machaconamente con el infamante calificativo de “represión”, siendo que las sociedades civilizadas necesitan del orden público y que el quebrantamiento de las reglas y normas que apuntalan la convivencia pacífica es, ahí sí, un atropello en sí mismo, perpetrado las más veces por sujetos violentos y, merecedor, por lo tanto, de acciones preventivas o, en su momento, correctivas y merecedoras, luego, de las correspondientes puniciones, ajustándose escrupulosamente a las leyes.
“¡Fue el Estado, fue el Estado!”, siguen clamando iracundamente los denunciantes de turno, en lo que toca al abominable suceso de Ayotzinapa, desestimando la barbarie criminal y el salvajismo de los verdaderos perpetradores y desviando los reflectores. Y, en efecto, la complicidad de la policía local y el contubernio de las autoridades con el sanguinario cártel de Guerreros Unidos pudieran dar pie a tan lapidario señalamiento. Pero, miren ustedes, una cosa es que las fuerzas de seguridad y los cuerpos policiacos consumen una masacre —como si estuviéramos hablando, ahí sí, del aparato represor de un régimen totalitario— y otra muy diferente es que agentes y funcionarios se hayan asociado con grupos de delincuentes.
Pues, precisamente, ¿cómo está el tema de que en las filas del movimiento político de la primera mandataria figuren algunos personajes incorporados a las mismísimas organizaciones criminales que tan firmemente combaten ella y su secretario de Seguridad?
