Los asesinos, libres. Los fiscales, los investigadores y los policías, a la cárcel. Así funcionan las cosas en este país.
La torpeza de Enrique Peña fue monumental. Y desastrosa la estrategia de su equipo de comunicación. Eso no lo hace un asesino, sin embargo, en su condición de jefe de un Estado al que se le adjudica, justamente, haber perpetrado un crimen desde el poder.
Los hechos acontecieron en una entidad federativa gobernada por el PRD, trasmutado ahora en partido oficial bajo otras siglas, luego de que un sustancial sector de su militancia cambiara de camiseta. En Iguala mandaba un tal señor Abarca, del brazo de su mujer –cómplices ambos de la colectividad de delincuentes que azota a esa región del país— y fueron sus policías los que entregaron a los estudiantes a los sicarios de la organización Guerreros Unidos. Los desalmados asesinos del cártel protegido por la mentada pareja los mataron salvajemente, incineraron sus restos en un basurero de Cocula y las cenizas las arrojaron a un río.
Estas conclusiones resultan de las pesquisas llevadas a cabo por decenas de expertos y especialistas. El término “verdad histórica”, empleado por el fiscal Murillo Karam, no se derivó de una apreciación personal que pretendiera fijar arbitrariamente las cosas para la posteridad sino que es parte del lenguaje jurídico utilizado en las causas procesales.
La politización de esta atrocidad, sin embargo, ha desvirtuado los quehaceres de la justicia y ha terminado por configurar una descomunal acusación, a saber, la de que “fue el Estado”, infiriendo con ello que no se trata de una salvajada perpetrada por sanguinarios delincuentes –como la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en la que los asesinos del grupo Los Zetas mataron a 72 emigrantes centroamericanos o la desaparición de 300 personas, 42 según las autoridades, que tuvo lugar en Allende, Coahuila— sino de una maquinación orquestada por el régimen anterior cuyos designios y objetivos, con perdón, no nos quedan nada claros a quienes somos simples testigos de las cosas.
Vista la monstruosa cantidad de cadáveres sembrados en el paisaje de México, uno pensaría que el enemigo a vencer no es el Estado –por más omiso que pueda parecer— sino la delincuencia. Pero…
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