Primero los pobres, pues sí, pero no nada más los pobres. El gran atorón con las políticas asistenciales —precisamente las que necesita la población que vive en la indigencia— es que se dirigen a individuos que no pueden integrarse a los procesos productivos de la economía. Los recursos utilizados, por lo tanto, no se recuperarán nunca: no llevarán a actividades que generen impuestos ni cambiarán de fondo la condición primigenia de unos asistidos que necesitarían, antes que nada, que sus propias personas fueran transformadas a través de la adquisición de nuevas habilidades, algo complicadísimo de hacer en los hechos y que explicaría por qué no han funcionado los programas de combate a la pobreza. Lo único que queda entonces es aplicar medidas paliativas y, en lo que pudiere ser un intento de cambiar de fondo las cosas, dedicar esfuerzos a mejorar las condiciones inmediatas de los menores en esos hogares para que la marginalidad no se perpetúe a lo largo de generaciones enteras. La pobreza, en este sentido, es una auténtica carga para las naciones y esto es algo que deberían saber quienes denuncian que la miseria es una suerte de esquema programado por unos “ricos y poderosos” interesados exclusivamente en la inmisericorde explotación del prójimo: la lógica más elemental nos hace ver que los primerísimos beneficiados de que no existieran sectores enteros de la población sumidos en la pobreza serían los propios empresarios: tendrían más compradores, o sea, más ganancias.
El Estado tiene una directa responsabilidad en este estado de cosas, es decir, en la existencia misma de millones de ciudadanos impedidos de consumir bienes y servicios por simple falta de dinero: la educación, la salud y la seguridad jurídica de las naciones dependen de las políticas estatales y el sector privado sólo podrá crear riqueza a partir de que estén consolidados estos rubros. En México, el fracaso del proyecto educativo nacional ha sido estrepitoso y, ahora mismo, la formación de nuestros niños ha sido puesta en manos de las más nefarias organizaciones magisteriales; hemos tenido también muy malas notas en el apartado de la salud y para saber cómo anda el aparato de justicia no hay más que constatar las escandalosas cifras de la impunidad, por no hablar de la persistente corrupción en todas las esferas de lo público.
El gran tema, en estos momentos tan difíciles, viene siendo, justamente, el diseño de las políticas y estrategias para evitar el derrumbe total de la economía. Y, miren ustedes, lo más curiosos es que esas medidas son parecidas a las que se hubieran debido tomar antes de la emergencia para privilegiar la articulación del aparato productivo en lugar de dictar disposiciones que desalientan la inversión y perjudican a todos los mexicanos, incluidos los más pobres.
Pero, ni antes ni ahora. No sólo no hay apoyos: hay amenazas, como la de parar las operaciones de las empresas que, por la terrible crisis que estamos atravesando, no puedan mantener ya a su plantilla de empleados en la capital del país. ¿Ceguera? ¿Insensibilidad? No lo sabemos, pero el precio a pagar será descomunal.
