El próximo viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará rindiendo su quinto informe de gobierno. No obstante que este ejercicio republicano constitucionalmente es coincidente con la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, lo que hemos observado durante años recientes más bien es que el Presidente de la República no asiste a dicha sesión y alguien más, por lo general el o la titular de la Secretaría de Gobernación, es quien, en su representación, entrega a los legisladores el informe por escrito en el que, atendiendo a la letra de la Constitución, se manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país. El propio presidente se reserva su derecho para usar la palabra, para otra sesión que suele realizarse en Palacio Nacional, frente a un público conformado por funcionarios públicos y algunos invitados especiales.
Visto así, tanto por sus formas como por su contenido -basta con escuchar los spots radiofónicos para constatarlo-, tal acontecimiento se encontrará lejos de convertirse en un auténtico ejercicio de rendición de cuentas. Y si de hacer cuentas se trata, particularmente en los rubros de seguridad e impartición de justicia, como nos advierte Augusto Chacón respecto a “los delitos contra la vida, resulta un tanto chocante convertir el dolor, el miedo, la perversidad requerida para matar a alguien, en números” (Semanario, 27 de agosto). De ahí la pertinencia del llamado del cardenal José Francisco Robles Ortega durante su homilía del pasado domingo que fue dedicada a los familiares de las personas desaparecidas: “mantener viva la conciencia que cada uno de los rostros que familiares llevan en las fotos (…) son personas amadas, buscadas, y que cada una de ellas es una historia de vida” (MILENIO JALISCO, 28 de agosto).
Por la riqueza del diálogo sostenido en El Colegio de Jalisco, durante el tercer foro sobre Justicia y Seguridad, resulta evidente que las vías de solución al gravísimo problema de las violencias pasan por la observación y mejor comprensión teórica de las buenas prácticas sociales a nivel micro en el territorio antes que de la gobernabilidad imperante.
