La salud presidencial

Con el sincero deseo por la pronta recuperación de sus padecimientos, lo cierto es que la salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en un asunto de interés público que motivó un alud de especulaciones que vinieron a suplir la información fidedigna y oficial que más bien fue escueta. Más allá del anecdotario, bien vale la pena reflexionar sobre los acontecimientos de este fin de semana.

Desde el punto de vista jurídico, es necesario aludir a lo que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha discutido, al parecer en repetidas ocasiones, en relación con el derecho a la privacidad, en función del límite constitucional establecido por la fracción segunda del artículo sexto y en correspondencia con el diverso numeral décimo sexto de la norma constitucional, para señalar expresamente que: “… en el caso de los servidores públicos, sus labores, manifestaciones o expresiones, funciones e incluso algunos aspectos de su vida privada que puedan estar vinculados al desempeño de su encargo, se encuentran sujetas a un mayor escrutinio social”.

En contraste con esta línea de interpretación de la SCJN, lo que habría que decir también es que en correspondencia con la normatividad vigente en materia de protección de datos personales, la información relacionada con la salud se clasifica como datos personales sensibles, y solo podrían ser transparentados con el consentimiento expreso de su titular.

Sin dicho consentimiento, la oficina de la Presidencia de la República, en tanto sujeto obligado para transparentar la información que obra en su poder, simple y sencillamente se encuentra obligada a proteger los datos personales sensibles del presidente.

Visto así, la única diferencia entre la garantía constitucional que mandata la reserva de los datos personales, y la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivaría en un encuadre de la salud del titular del Poder Ejecutivo Federal como un asunto de orden público e interés social que compromete a la seguridad nacional, radica en el poder de la firma del mandatario que bien puede ser autógrafa, electrónica o por cualquier otro tipo de autentificación reconocido por la legislación aplicable.