M+.- Ayer al mediodía, luego de haberse entregado en Arizona a principios de mayo, se presentó a su primera audiencia en la Corte Sur de Nueva York el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez. Se le veía sano y bien peinado, aunque vapuleado, empequeñecido; él nunca fue un funcionario altanero, pero las gruesas cadenas en pies y manos, los alguaciles flanqueándolo y el overol carcelario color arena sucia suelen causar ese efecto.
Mérida, acusado de colusión con el Cártel de Sinaloa, fue secretario de seguridad en ese estado a partir del 2023. Se le señala de estar en la nómina de Los Chapitos, citándolo los fiscales como receptor de 100 mil dólares mensuales a cambio de dejarlos en paz y de avisarles cuando venían operativos federales. Al entregarse se declaró no culpable, punto de arranque de unas negociaciones que, más pronto que tarde, lo llevarán a cambiar su declaración para aligerar sus cargos, y los castigos correspondientes, y a convertirse en informante y testigo colaborador.
Lo delicado del caso es que, antes de llegar a la secretaría de seguridad sinaloense, Mérida pasó por trabajos de inteligencia en el Estado Mayor Presidencial, y por las comandancias de dos de los estados más calientes de México: Tamaulipas y Michoacán. El interés de las fiscalías en Nueva York alrededor de la posible cooperación de Mérida, ¿será solo por los cargos y los acusados en el expediente 23 CR 180, o irá más allá? Difícil saberlo, pero, de común acuerdo entre los fiscales y la defensa, se ha cancelado el juicio expedito al que todos tienen derecho al norte del Bravo para permitir darle entrada a los procesos de los otros coacusados que, como dijo la jueza Katherine Polk, “están llegando en hordas”, y para que tanto la defensa como la fiscalía puedan revisar a cabalidad “la abundancia de evidencia”.
Sheinbaum quiso evadir enfrentar la complicidad de sus compañeros de partido y de gobierno con el crimen organizado acusando a Washington de querer influir en las elecciones mexicanas pero, infantilmente y cobardemente, deslindó por completo a Trump, señalando en vez a una nebulosa e indistinta ultraderecha gringa, como si éste no la encarnara a cabalidad.
¿Cuál es la gran ofensa de los Estados Unidos, la que ha puesto a la Presidenta a gritar descoyunturada desde un templete el domingo pasado como si el mismo Winfield Scott hubiera regresado a tomar Chapultepec? El solicitarle a México, por los canales diplomáticos, la detención provisional con fines de extradición de los acusados. Lo más curioso es que Sheinbaum se emperra en que no hará nada por no tener pruebas de la culpabilidad de nadie. Pero ella tampoco aporta evidencias, ni una sola, de que el gobierno gringo, con todos sus bemoles —que, hay que decirlo, están especialmente exacerbados en esta presidencia naranja—, esté queriendo influir en las elecciones mexicanas, ni parecen hacerle falta para cocinar al vapor una reforma envenenada que le va a permitir a su partido anular a capricho nuestros votos, o para comprarnos un conflicto con Trump que solo le augura al país un largo y profundo dolor de dídimos.
