El asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuén es pieza clave de una trama mucho mayor, relacionada con el secuestro y traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, hecho calificado por el gobierno de México como presunto atentado a la seguridad nacional.
Esa debería ser la principal razón para esclarecer las verdaderas circunstancias de la muerte de Cuén: investigar y llevar ante la justicia a quienes orquestaron esa fabricación operada desde la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez. Para entender la dimensión de este asunto conviene ir por partes:
El relato comienza poco después de las diez de la noche del jueves 25 de julio de 2024, cuando Cuén, político en activo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), arribó a la clínica privada Chapultepec de Culiacán. Fue trasladado en una camioneta Ford Raptor blanca conducida por Fausto Corrales Rodríguez.
Según la narración de este sujeto, a unos siete kilómetros de la clínica Cuén fue baleado cuando ambos estaban en una gasolinera al norte de la capital sinaloense. Dijo que dispararon porque el político se resistió a un asalto y que, aún consciente, el herido pidió que lo llevaran al Chapultepec, pese a no ser el hospital más cercano. Una hora después, falleció desangrado.
El acta de defunción registró como causa de muerte un choque hipovolémico por un proyectil que perforó la arteria detrás de la rodilla derecha. El parte médico añade cuatro heridas de bala en ambas piernas y un hematoma en la cabeza.
Antes de veinticuatro horas, la fiscal Bruna Quiñónez confirmó el deceso, pero tardó diecisiete días más en dar a conocer su versión, basada en las supuestas declaraciones del chofer, en el parte médico, en el acta de defunción y en un video presuntamente obtenido de una cámara de la gasolinera.
¿Por qué esperó más de dos semanas para difundir información que tenía desde el primer día? En realidad su conferencia respondió a la carta que El Mayo Zambada envió a través de su abogado, en la que afirma que Cuén fue ultimado hacia el mediodía del 25 de julio, no en una gasolinera, sino en la finca Huertos del Pedregal, durante el mismo episodio en que Zambada fue plagiado por Joaquín Guzmán López.
¿Cuál versión era la verdadera? ¿Cuén murió desangrado en una clínica hacia las diez de la noche, o perdió la vida once horas antes, en Huertos del Pedregal, durante el secuestro de Zambada ordenado por Joaquín Guzmán López?
Ante las contradicciones, la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, pero la carpeta no avanzó en quince meses. En diciembre de 2025, Gertz fue sustituido por Ernestina Godoy, quien tardó otros siete meses en despejar las dudas: la versión de Zambada es la verdadera y Bruna Quiñónez mintió.
Primero: los restos hemáticos hallados en Huertos del Pedregal confirman que Cuén estuvo ahí y fue herido en ese sitio.
Segundo: el personal de la gasolinera negó que la noche del 25 de julio hubiera ocurrido en ese sitio un ataque armado.
Tercero: no es auténtico el video presentado por Quiñónez, en el que supuestamente unos sujetos dispararon contra el vehículo del exrector.
Cuarto: Corrales Rodríguez mintió al declarar que Cuén llegó vivo al sanatorio y que fue el propio herido quien ordenó llevarlo a esa clínica.
Quinto: Corrales no era el chofer de Cuén, sino el hijo de su amigo, el diputado local y también exrector de la UAS Víctor Corrales Burgueño; probablemente Fausto Corrales fue testigo de la verdadera muerte del político.
Sexto: quienes expidieron el certificado médico y el acta de defunción mintieron respecto a la hora del deceso y a la causa de muerte.
Séptimo: Bruna Quiñónez mintió al negar que Cuén fue asesinado durante el mismo episodio en que fue secuestrado Zambada.
En derecho penal, cuando se fabrica un crimen es porque se busca ocultar otro mayor. La hipótesis de la gasolinera tuvo como posible propósito encubrir lo que sucedió en Huertos del Pedregal.
La primera responsable del montaje es Sara Bruna Quiñónez; también estarían implicados el entonces vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo, los primeros funcionarios encargados de investigar la muerte de Cuén.
Tendrían que ser imputados al menos por tres delitos: contra la administración de justicia, falsedad en declaraciones y obstrucción de la justicia, con agravante por tratarse de servidores públicos. Un cuarto imputado debería ser Fausto Corrales, el falso chofer.
Sorprende que Castro Saavedra siguiera casi dos años como vicefiscal: no dejó el puesto hasta el 5 de mayo de 2026 cuando pidió licencia porque el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de recibir sobornos —entre otros— de Joaquín Guzmán López, el mismo sujeto señalado por Zambada como responsable de orquestar su secuestro y que también podría estar involucrado en la muerte de Cuén.
Pese a la seriedad de esas acusaciones, hoy el exvicefiscal continúa libre e impune. El caso de Sánchez Kondo es aún más escandaloso: tras la renuncia de Quiñónez, ella fue ascendida a fiscal general.
¿Por qué la FGR de Godoy, sabiendo todo lo que hoy se sabe, no ha procedido penalmente contra estos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa? No podremos conocer los motivos hasta dentro de cinco años, pues, al mismo tiempo que confirmó el montaje de la gasolinera, la FGR decidió reservar toda la información del caso por supuestas razones de seguridad nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo sospechar que el FBI participó en el secuestro de Zambada en territorio mexicano y advirtió que, de ser así, podrían haberse violado la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución y los tratados internacionales. Afirmó haber solicitado información a las autoridades estadunidenses. Pero ¿para qué consultar a sus homólogos extranjeros si bastaría con interrogar a los funcionarios que fabricaron la hipótesis de la gasolinera —Castro, Sánchez Kondo y Quiñónez—, además del falso chofer?
¿No debería la presidencia ordenar una investigación interna que permita conocer el trasfondo del secuestro de El Mayo? Paradójicamente, en vez de atender la urgencia, la FGR reservó por cinco años toda la carpeta. Es una pena porque contiene información clave no solo para esclarecer la eventual participación del FBI, sino para comprender el amplio conjunto de hechos ligados a ese episodio. Investigar y resolver el caso Cuén permitiría también desentrañar el secuestro y traslado de El Mayo Zambada a Estados Unidos.
