“Para atrapar a los integrantes de las redes criminales y del narcotráfico (en México), miembros de las fuerzas del orden recurren con frecuencia a la tortura para obtener confesiones. Un método que le resta legitimidad al sistema de justicia y alimenta la desconfianza de la población.”
El autor de esta declaración es Juan Méndez, ex relator de la ONU para temas de tortura y tratos inhumanos. Según su percepción, la tortura es una práctica generalizada en México, la cual ocurre en distintos momentos, desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia.
En su día pidió al gobierno adoptar las recomendaciones de su oficina para combatir la impunidad policial y así garantizar una reparación cierta para las víctimas.
El tema principal del reporte que emitió en 2014 fue la fabricación de culpables, a través de confesiones obtenidas mediante extorsión física y psicológica de los supuestos victimarios.
Casi de inmediato, Isabel Miranda de Wallace, líder de la sociedad civil y al mismo tiempo personera de los intereses gubernamentales, embistió contra el relator de la ONU. La presidenta de la asociación Alto al Secuestro dijo que, con su discurso, Méndez promovía la liberación de delincuentes.
Este episodio describe una disputa que subsiste hasta nuestros días: las autoridades han normalizado el uso de la tortura, asumiendo que es un mal menor al que resulta necesario acudir si el propósito sincero es combatir la impunidad.
En oposición, Juan Méndez refirió el riesgo que significa fabricar pruebas mediante la tortura, la cual suele servir para liberar culpables y encarcelar inocentes.
Luis Cárdenas Palomino fue una de esas autoridades que en México ejerció libremente la tortura con el respaldo de figuras como Isabel Miranda y, desde luego, con la complicidad de sus jefes, Genaro García Luna, y el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Zoom: la captura de este poderosísimo ex policía desnormaliza lo que es todavía moralmente aceptable. Obliga también a que su gremio ponga las barbas a remojar. No basta con que la tortura esté prohibida por nuestras leyes si la procuración de justicia es cómplice respecto a sus perpetradores.
@ricardomraphael
