Dos tendencias se han vuelto prácticamente irreversibles en la historia contemporánea de México: la centralización y la militarización de la seguridad pública.
Si bien la Constitución fija el carácter federal de la organización política del país, desde hace ya más de 20 años que las fuerzas nacionales dedicadas al orden son desproporcionadamente asimétricas respecto de las locales.
La evidencia palmaria de este centralismo militarista se halla en el presupuesto público que año con año confirma su rumbo. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto para 2022, recién sometido a la discusión parlamentaria, estima una asignación aproximada de 235 mil 237 millones para las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En contraste, solo tiene prevista una aportación de 7 mil 988 millones para apoyar a los cuerpos de seguridad municipales. En otras palabras, el año próximo la Cámara de Diputados asignará a los municipios únicamente 3.3 por ciento de los recursos destinados a la fuerza pública federal.
Como argumento de contexto cabe destacar que la inmensa mayoría de los cabildos del país no cuenta con ingresos propios para sufragar los gastos de sus respectivos cuerpos de seguridad y que, por el arreglo fiscal del Estado mexicano, también excesivamente centralista, las haciendas de las entidades federativas están muy limitadas para salir al auxilio de la autoridad municipal.
Además de la fotografía que exhibe el presupuesto de 2022, la tendencia referida puede constatarse al observar el formidable incremento que ha tenido el presupuesto de las fuerzas armadas durante el presente siglo, y la caída estrepitosa en la inversión asignada a los cuerpos policiacos locales.
Entre 2012 y 2021 el Congreso creció el presupuesto de las fuerzas armadas en casi 100 por ciento. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por ejemplo, pasó de 56 mil millones de pesos durante el último año del presidente Felipe Calderón a 112 mil millones en el ejercicio pasado.
De su lado, la Secretaría de Marina (Semar) brincó de contar con un presupuesto en 2012 de poco menos de 18 mil millones de pesos a ejercer en 2021 poco más de 35 mil 476 millones.
El proyecto de presupuesto para el año próximo pretende multiplicar en 10 por ciento los recursos asignados a las dependencias federales encargadas de la seguridad. Añade 2 mil 273 millones a las arcas de la Semar y entrega también un incremento a la Sedena por la vía de las asignaciones previstas para la Guardia Nacional (GN).
Este último rubro merece atención. Si bien el presupuesto asignado a la GN se entrega a la SSPC, seis de cada diez pesos disponibles van a dar a la tesorería de la Sedena para pagar los sueldos de los soldados comisionados a la Guardia. Es decir que 60 por ciento del presupuesto de la GN es en realidad un recurso que pertenece a la Sedena.
El año próximo se tiene previsto un incremento de 66 por ciento al presupuesto de la GN, una suma que rondaría los 25 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 16 mil 500 irían a parar a la bolsa de la Sedena. Es decir que en realidad el presupuesto de esta dependencia pasaría de 112 mil 557 millones en 2021 a más de 120 mil millones para 2022, un incremento de 7 por ciento sobre el año previo.
Por la transferencia referida se explica el aumento de 32 por ciento en el presupuesto de la SSPC entre 2021 y 2022, el cual pasaría de 63 mil 441 millones el año pasado a 93 mil 379 millones a partir de enero próximo.
No será fácil que se modifique en el futuro la intrincada hebra que forman las dos tendencias mencionadas: de un lado la centralización del gasto público destinado a las dependencias nacionales responsables de la seguridad y, por el otro, el predominio del presupuesto militar dentro de tales dependencias.
El problema principal lo convoca la desinversión reiterada durante los últimos 20 años en la policial local. Cada vez que se redujo tal presupuesto se destruyeron capacidades humanas y materiales.
Si hipotéticamente mañana el país decidiera revertir esta inercia, reconsiderando la importancia que implica contar con policías de proximidad, tomaría años, si no es que décadas, la recuperación del capital humano y la infraestructura depredada.
Esta realidad paradójicamente refuerza la tendencia actual. Dado que recuperar capacidades locales resultaría caro y tardado, la alternativa de continuar centralizando los recursos se vuelve prácticamente única.
A esta dinámica se suma la enorme dificultad que implicaría para cualquier gobierno del futuro reducir el presupuesto de las fuerzas armadas sin que el poder militar reaccionara de manera inconveniente.
Si de por sí es difícil recortar recursos a los aparatos burocráticos civiles, es de plano costosísimo, políticamente, hacerlo con los aparatos militares. La capacidad de extorsión de las fuerzas armadas para mantener ritmos crecientes de gasto no se compara con la de ninguna otra área del Estado.
Dicho en una nuez, quien quiera estar en paz con los militares no se atreverá a tocar los activos económicos otorgados por los gobiernos anteriores. Esta premisa es cierta para México y para cualquier otra nación.
Puestas así las cosas cabe concluir que la militarización de la seguridad pública galvaniza el centralismo para volverlo inalterable.
No importa lo que diga la Constitución a propósito del Federalismo, ni la doctrina del derecho internacional respecto a la inconveniencia de militarizar la seguridad pública. Desde hace más de dos décadas México tomó un rumbo que se refuerza año con año en los presupuestos y, desde luego, en las tareas asignadas a las fuerzas armadas.
Poco importa si la Guardia Nacional pasa a depender de la Sedena o si permanece subordinada en la SSPC porque, a la postre, serán los militares quienes conserven para sí, como enclave nacional de poder, el resguardo de la seguridad pública.
Este modelo no ha dado resultados y sin embargo cuenta con los mejores augurios para perdurar en el tiempo.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
