Por una nota de Arturo Ángel publicada hace un par de días en MILENIO me entero de que la Auditoría Superior de la Federación tiene denunciada por corrupción a María Elena Álvarez-Buylla, quien fuera directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Como carrusel de circo, la mala saña suele dar vueltas. En 2021 ella denunció, también ante la Fiscalía General de la República, a 31 personas, todas respetables por su dedicación a la ciencia.
El fiscal Alejandro Gertz procedió a imputarlas y llevó el asunto ante un juez federal que, después de un largo viacrucis, terminó desechando la acusación, ya que no encontró méritos para girar las órdenes de aprehensión solicitadas.
Julia Tagüeña, quien había sido coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, fue tratada con la mayor infamia como el rostro visible del grupo de científicos denunciados.
Entre otras cosas, la acusaron de dar mal uso a un fideicomiso dedicado a financiar investigación científica. Esta injusticia se montó sobre la premisa de que todos los fideicomisos de la administración pública eran objeto de corrupción y que por tanto debían desaparecer.
No entendió entonces Álvarez-Buylla que esos fondos, creados por Conacyt, sirvieron para garantizar la continuidad de proyectos que requieren de plazos largos para desarrollarse.
La idea original fue que estas actividades no dependieran de los recursos fiscales que forzosamente están condenados al calendario anual, así como a los recortes y vaivenes de coyuntura.
Ahora nos enteramos de que Álvarez-Buylla no solo privó al Conacyt de estos recursos, sino también que, en el proceso de extinción de los fideicomisos, habría cometido actos de corrupción por casi 60 millones de pesos.
Afirma Arturo Ángel que bajo su gestión se habría simulado la contratación de servicios contables y administrativos con empresas que no cumplieron con los compromisos adquiridos. Lo más grave es que la directora no reportó el incumplimiento; al parecer, más bien lo ocultó.
Zoom: Justicia poética, sin duda. No solo por haber acusado sin argumentos a científicas y científicos respetables, también por haber dejado al entonces Conacyt sin fondos esenciales para la continuidad de las políticas nacionales de investigación científica y de formación académica.
