La perita Dalia Alejandra “N” está siendo investigada por la Fiscalía General de la República. Se le acusa de haber rendido un informe falso; esta mujer fue denunciada por el asesor legal de la señora Isabel Miranda Torres.
El documento aludido por la señora Wallace como pretendidamente apócrifo es el dictamen psicológico que confirma actos de tortura cometidos en contra de Brenda Quevedo Cruz, es decir, el Protocolo de Estambul realizado por Dalia Alejandra “N” en el año 2021 donde se corroboran coincidencias sólidas entre las acusaciones de la víctima y los hallazgos psicológicos que han prevalecido durante más de una década.
Nunca en la historia penal mexicana se había visto que un perito pudiera ser imputado por el delito de falsedad de declaraciones debido a la celebración de un Protocolo de Estambul. No solo es escandaloso que el abogado de la señora Wallace, Yohann Iván Torres Pérez, haya presentado una denuncia contra una funcionaria del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a quien se le encargó que realizara este informe, sino aún peor, que la FGR haya prestado oídos a los infundios y haya abierto una carpeta de investigación contra ella.
La tortura es un tema serio y sistemático que afecta gravemente a la justicia mexicana. Entre muchos otros casos, el de Brenda Quevedo resulta insoportable. De acuerdo con su testimonio, fue víctima de violación en la prisión de Islas Marías, también sufrió vejaciones y ultrajes en la cárcel de Santiaguito, un año y medio antes.
El viernes 29 de septiembre de 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación VG127, dirigida al fiscal general Alejandro Gertz Manero, donde se reconocen estos dos episodios de tortura y se solicita al titular de esta dependencia que abra una carpeta de investigación contra las personas responsables del tormento.
Tres años antes, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se refirió también a estos incidentes. En ese documento igual se detalla la violencia ejercida por las autoridades carcelarias.
No puede la FGR hacer como si tales antecedentes fueran irrelevantes y, sin embargo, la fiscal Virginia Gabriela Ruiz Padilla, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigio de esa dependencia, optó por perseguir a la profesional que elaboró el Protocolo de Estambul en vez de hacerlo con los perpetradores de la violencia.
Dalia Alejandra “N” es psicóloga especialista en dictámenes de tortura desde hace veintiún años. Ha realizado varias centenas de informes similares al practicado a Brenda Quevedo, sin que antes su trabajo hubiese sido descalificado por cuestiones de ética profesional o desapego a los manuales obligatorios a la hora de practicar un Protocolo de Estambul.
Desde hace cuatro años es funcionaria de la Defensoría Pública y está adscrita a la unidad de derechos humanos. Fue en esa calidad que se le instruyó para que hiciera una valoración rigurosa sobre el caso Quevedo. En el 2021 efectuó entrevistas y pruebas psicológicas a la víctima durante varios días seguidos.
Jamás imaginó Dalia que esa responsabilidad la llevaría a ser denunciada por el delito de falsedad de declaraciones y luego a ser investigada, prácticamente como imputada, por el Ministerio Público.
No hay ingenuidad en lo ocurrido. La FGR y la señora Wallace, a través de su asesor jurídico, se han coludido para destruir las pruebas que confirman la inocencia de Brenda Quevedo en el juicio que se sigue contra ella por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto León Miranda, alias Hugo Alberto Wallace.
Al caso de Dalia Alejandra “N” debe sumarse el de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, antiguo secretario para el combate a la tortura y tratos crueles e inhumanos, también perteneciente a la Defensoría Federal. Este ex funcionario enfrenta actualmente trece denuncias de la FGR relacionadas con el caso Wallace. Las imputaciones en su contra siguen un patrón idéntico: se sustentan en alegatos absurdos cuya única finalidad es derrumbar la evidencia que confirmaría la fabricación del caso. Sin embargo, igual que en el caso anterior, tales denuncias han sido consideradas como fundadas por la misma Unidad de Investigación y Litigio dentro de la FGR.
Por si esta operación a cargo de la señora Wallace y sus cómplices no fuera suficientemente escandalosa, José Luis Flores Lepe, funcionario perteneciente a la FGR, fue enviado desde el año pasado a la CNDH para refutar los argumentos contenidos en la recomendación VG127 a favor de Brenda Quevedo.
Este individuo se centró en el tema de la tortura, tratando de desvirtuar la verdad detrás de los dos episodios crueles referidos anteriormente. Con posterioridad, fue removida de su cargo la visitadora general adjunta, Elizabeth Núñez Rangel, la misma profesional que elaboró la recomendación VG127.
Con frecuencia me preguntan si Isabel Miranda ha perdido poder ahora que sus amigos, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, dejaron de ser relevantes. Las tres historias narradas en esta página responden a la pregunta. La señora Wallace es aún capaz de hacer que la FGR y la CNDH bailen al son que ella toca, incluso en esta temporada de supuesta transformación judicial.
Lleva veinte años persiguiendo abogados, defensores y periodistas que han demostrado con contundencia la fabricación de su caso. Mientras tanto, sus víctimas continúan en la cárcel y ella goza de un nivel de influencia inaceptable.
En próximas fechas saldrá a librerías el relato Fabricación, publicado por editorial Planeta. Ahí se detalla la confección de este caso, tejido con injusticia y engaño que tanto mal ha impuesto sobre demasiadas personas. Dalia Alejandra “N”, Salvador Leyva y Elizabeth Núñez se han incorporado recientemente a una lista muy larga de individuos perseguidos por la FGR cada vez que buscaron colocar a las leyes y los derechos por encima del poder político y económico que continúa gobernando el sistema de procuración de justicia.
