¿Qué se fugó por ese túnel de más de mil 500 metros de largo y 11 metros de profundidad? La credibilidad y la legitimidad de una estrategia de combate al crimen organizado que lleva más de 10 años, con costos sociales y económicos que ninguna otra nación ha pagado en tiempos recientes.
Además de imperdonable en sí misma, la fuga de Guzmán Loera hace indefendible la estrategia de seguridad centrada y focalizada en el descabezamiento de los cárteles de la droga.
En la persecución de 122 capos considerados “objetivos prioritarios”, el gobierno mexicano invirtió entre 2001 y 2013 la cantidad 2 billones de pesos, de acuerdo con el estudio “Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas” elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos.
La distribución de ese gasto confirma la obsesión por el descabezamiento como política pública: 17.5% en operativos para perseguir y disuadir delitos; 13.3% en defensa nacional; 11.2% en administrar las cárceles (como la del Altiplano, de “máxima seguridad”); 5.7% en acciones de la Marina para defender la soberanía; 4.6% en gasto administrativo; 3.8% en investigar delitos; y “el resto en otras acciones”.
Si consideramos que de los 122 capos “objetivo” se han capturado hasta el momento 70, el costo de esta cacería per capo es de 28.6 mil millones de pesos.
La absurda dimensión de esta inversión contrasta con lo que habría desembolsado El Chapo Guzmán para construir su túnel de escape: no más de 1.5 millones de pesos en la obra de ingeniería civil. La otra parte de la fuga, la arquitectura de corrupción, protección y complicidad institucional del penal, esa por supuesto fue mayor. Pero aún así, lo que gastó el capo para escapar no se compara con lo que invirtió el Estado mexicano en su captura y, mucho menos, con lo que pierde en credibilidad y legitimidad.
La antieconómica relación costo-beneficio de la estrategia de seguridad seguida por los últimos tres gobiernos federales (dos del PAN y uno del PRI) es lo que quedó al descubierto con la fuga del siglo.
¿Esto significa que se debe dejar de perseguir a los capos? En lo absoluto. Significa que el combate a la delincuencia organizada debe ser más integral e inteligente en términos sociales y económicos, y menos obsesiva y compulsiva en términos policiales y militares.
A la estrategia de descabezamiento le han faltado al menos tres dimensiones complementarias: la extinción o expropiación de los bienes y cuentas de las corporaciones delincuenciales (cortar la cabeza pero no la cartera, es lo que estimula la mutación de un macrocártel en varios minicárteles); el desmantelamiento de la protección judicial, política y policial que tienen las redes criminales (la delincuencia organizada mexicana es ante todo delincuencia protegida); y la reinserción de las bases sociales y comunitarias del crimen a la vida formalmente productiva (siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan son el mayor ejército delincuencial de reserva de cualquier cártel).
Si esos dos billones de pesos se hubiesen invertido en universidades y centros de investigación en lugar de cárceles de “máxima vulnerabilidad”; en modernizar y depurar el sistema judicial mexicano; en formar una policía de investigación y de prevención realmente profesional y científica; en suma, en la reconstrucción del tejido social y judicial del país, El Chapo sería hoy el preso equis de algún penal municipal de Sinaloa y no el símbolo internacional del Estado Fallido Mexicano.
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