Hace un par de días, el Magistrado Rafael Guerra Álvarez fue reelecto para presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En su primer periodo se publicó el Plan Institucional 2019-2021 con un ambicioso proyecto de modernización, el cual describe la necesidad de conocer a profundidad las condiciones del poder judicial para tomar las mejores decisiones en su correcto desempeño. Dicho Plan está sustentado en un diagnóstico que (describe) aborda las perspectivas de gestión judicial, entorno presupuestal, autonomía e independencia judicial; sistema de justicia; justicia alternativa; género, derechos humanos y derechos de la infancia en el debido proceso y acceso a la justicia; administración, control, evaluación, vigilancia, disciplina, acceso a la información pública y rendición de cuentas; capacitación, formación, actualización y especialización del personal; servicio civil de carrera y apoyo judicial. No obstante, el diagnóstico solamente cuenta con algunos datos cuantitativos que no tienen la capacidad de explicar con transparencia dicha modernización de cara a la ciudadanía.
Describe, por ejemplo, que en promedio se le asigna al Tribunal un 55.05% menos del presupuesto solicitado; armonización operativa derivada de ajustes normativos; número de jueces; cargas de trabajo en sistema escrito y el oral, entre otros. Y es que construir edificios, mejorar salarios, reformar leyes, comprar material y equipo, pagar capacitaciones o firmar convenios, son decisiones que requieren ineludiblemente de un diagnóstico adecuado y transparente que las justifique para evitar correr riesgos de disfuncionalidad y desconfianza en una de las principales funciones del Estado, la impartición de justicia. ¿Qué resultaría si, además de publicar información cuantitativa, se analizan expedientes concluidos de todas las materias para generar datos que den cuenta de la calidad del debido proceso, y si es que todo lo que se hace y gasta realmente se refleja en la justicia que llega a la ciudadanía? Esto ya se ha realizado en México para otras áreas de la justicia con resultados irrebatibles.
Pero si se decide continuar con dichos diagnósticos, seguirá abierta la puerta a dos opciones: o se asume que la justicia es excelente a pesar de los retos que enfrenta y hay que autorizar todo lo que se pide, o que ante diagnósticos ajenos a la realidad de la justicia (no de sus insumos) la ciudadanía seguirá teniendo la confianza de media tabla que reporta el INEGI en la ENVIPE. Es una gran oportunidad para que el Magistrado Guerra impulse la política de “Mejores diagnósticos, mejor justicia” y exponga una buena práctica que pondrá en otra dimensión la noción de Justicia Abierta.
Ricardo Corona
ricardo.corona@koalsulting.com