A muchos les molesta que se califique a la corrupción gubernamental como parte de nuestra cultura.
Sin embargo, por su antigüedad, su generalización y la variedad de sus formas al menos debería considerarse como un mal nacional endémico.
La corrupción se remonta al virreinato en que muchos cargos de gobierno se vendían al mejor postor. Quienes los adquirían los consideraban parte de su patrimonio.
Por esa razón, ejercían los puestos para recuperar lo invertido y obtener buenas ganancias.
La corrupción ha evolucionado: desde el simple robo de las arcas públicas, hasta la desviación de recursos, la imposición de comisiones a los proveedores y el aumento de los precios de las obras.
El liberalismo trajo nuevas formas, entre las que destaca el doble juego de los principales actores políticos que son al mismo tiempo autoridades y empresarios que ponen al gobierno al servicio de sus negocios.
El caldo de cultivo, el medio que ha hecho que la corrupción prolifere, es la impunidad histórica.
La impunidad concertada expresa o tácitamente es la red protectora que han tejido los explotadores del poder público.
Ahora es evidente que durante el sexenio de Peña Nieto todas las formas de la corrupción se fortalecieron y desarrollaron descontroladamente. Y todo incrimina al expresidente.
En esta descomposición están involucrados secretarios de Estado, directores de empresas paraestatales, gobernadores, universidades y muchos más.
Es tan grande el escándalo que sólo se explica aceptando que durante el sexenio de Peña Nieto se construyó una cleptocracia, como estructura alterna del poder público.
La cleptocracia, según Wikipedia, es el gobierno de los ladrones: es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo institucionalizado.
En la cleptocracia los delincuentes quedan impunes porque la justicia y el sistema político y económico son partes del entramado de la corrupción.
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