Una vez más dedico esta página, que generosamente me presta MILENIO cada semana, para referirme al caso Wallace. “Habiendo tantos temas relevantes en el país, ¿por qué seguir hablando sobre este tema?”, me preguntó un lector hace unos días. “Se aprovecha usted de que la señora ya no puede defenderse para atacarla”, refirió otra persona.
“Presente vivo a Hugo Alberto Wallace o mejor ya deje en paz el asunto”, remató un tercero. Igual me acusan de utilizar “violaciones al procedimiento” —las mismas que todos los expedientes judiciales mexicanos padecen— para hacer inferencias falsas.
Asumo la responsabilidad de rendir cuentas respecto de estos cuestionamientos. Comienzo por compartir una pregunta que corresponde al ámbito de mi conciencia, más que a la esfera de lo público: ¿podría considerarme honrado si, sabiendo todo lo que sé respecto de este caso, decidiera no hacer nada?
Vuelvo a escribir sobre este asunto porque de otra manera me convertiría en cómplice de la injusticia. Me niego a ser uno más, entre quienes, conociendo la verdad, han decidido mirar hacia otro lado, o peor aún, defienden neciamente la fabricación.
Mientras Brenda Quevedo, Albert y Tony Castillo, Jacobo Tagle y César Freyre permanezcan privados de la libertad por un secuestro y una muerte que no sucedieron, para mí será una obligación ciudadana, moral y profesional exigir que la verdad jurídica se imponga sobre un error judicial que ha sobrevivido meramente por la fuerza de la política.
Como recién denunció el abogado José Mario de la Garza, si estas cinco personas permanecen encerradas es porque el sistema se encuentra atascado. No debe culparse de esta circunstancia a la inercia, sino a los abogados de la señora Isabel Miranda de Wallace que —dentro y fuera de la Fiscalía General de la República (FGR), los juzgados y los tribunales— se han encargado de mantener el suelo desnivelado.
Como evidencia de esta afirmación informo aquí de la respuesta que la FGR entregó a la periodista Anne Vigná, corresponsal de Le Monde en México, el jueves 26 de febrero de este año.
A pesar del caudal exculpatorio que existe para desechar la acción penal en contra de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, la FGR dijo a la periodista que hará cuanto esté en su poder para obtener una sentencia condenatoria en contra de ambos.
Buscará también que el Tribunal Colegiado responsable de revisar el amparo presentado por los hermanos Castillo y César Freyre ratifique la condena impuesta en 2011, que les entregó cadena perpetua.
En ese mismo escrito, la FGR desestimó la denuncia presentada en 2022 por Albert Castillo en contra de la señora Miranda de Wallace por haber mentido a la autoridad cuando dijo que Hugo Alberto era hijo biológico de José Enrique Wallace, a pesar de que tal información haya introducido una prueba falsa —la gota de sangre— en el proceso judicial.
En el mismo orden de ideas preocupa la decisión del juez primero de distrito en materia penal de la CdMx, Carlos Alberto Rico Mondragón, quien el lunes de esta misma semana negó a la defensa de Brenda Quevedo una solicitud de audiencia para revisar la medida cautelar que la tiene recluida, desde hace dos años, dentro de su domicilio. Según este juzgador, en nada han cambiado las condiciones que entonces definieron dicha medida.
¿Cuáles son las pruebas de descargo que tendrían que considerar los jueces y magistrados? La primera y más importante es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del miércoles 11 de junio del año pasado, en la que, además de liberar a Juana Hilda González Lomelí, el máximo tribunal desechó la declaración autoinculpatoria sobre la que se construyó todo el caso, por haber sido obtenida con violencia.
Sin los dichos de Juana Hilda y sin la gota de sangre —sembrada para producir una falsa coincidencia de ADN— no hay elementos válidos para condenar a las personas imputadas.
A lo anterior se suman las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicadas en 2023 y 2024, donde se denuncia la tortura sufrida por los acusados —atrocidades verdaderamente abominables— y se informa de los protocolos de Estambul, todos positivos. Ahí también se denuncia a la señora Miranda, a sus familiares y a diversas autoridades por haber cometido delitos imprescriptibles.
En el caso particular de Brenda Quevedo, se suma la recomendación que hizo el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, que confirma la tortura experimentada por esta víctima. Esta instancia exigió, desde hace seis años, que se formulara pronto una sentencia absolutoria en primera instancia que a la fecha no ha tenido lugar.
Si el caso Wallace no ha logrado justicia es porque desde un principio abandonó el cauce judicial para ser atropellado por una agenda política confeccionada por muchos cómplices que polarizaron con argumentos sexistas, clasistas y sobre todo demagógicos, desde el punto de vista punitivo.
Hoy el caso se encuentra empantanado porque no ha dejado de ser político. Si tan solo se tratara de resolver un error judicial, ya estarían libres las personas imputadas por la fabricación. No lo están porque sus artífices habrán calculado el costo que implicará para ellos el que la ley se revierta en su contra: habría sujetos señalados por la fabricación de pruebas y testimonios, por la tortura y también por haber querido engañar a la opinión pública.
Si este caso tan documentado no encuentra justicia, ¿cómo creer que el sistema está cambiando? Tocaría ahora a la FGR y también a los jueces y magistrados de la reforma judicial demostrar que la política puede hacerse a un lado cuando de lo que se trata es de hacer valer la ley.
Sin embargo, Brenda y Jacobo no logran aún conseguir una sentencia en primera instancia, mientras los hermanos Castillo y César Freyre luchan desesperadamente para que un colegiado emita una sentencia que no debería ser distinta a la que la SCJN resolvió en el caso de Juana Hilda.
Al parecer tendrá que ser de nuevo la opinión pública, ahora favorable a las víctimas de la fabricación, quien promueva activamente su liberación ante la FGR, los jueces y magistrados, la Corte y el gobierno de la República.
Sin la participación indignada de la sociedad, temo con fundamento que el pantano seguirá siendo su cárcel por muchos años más.
