La infraestructura en México es endeble. Como país, hemos invertido entre 2 y 3 por ciento del PIB en infraestructura en las últimas décadas, cuando la recomendación para países emergentes es del doble.
El rezago “nos está costando la falta de crecimiento”, me dijo Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del IMEF, “deberíamos estar creciendo más de 2.5 por ciento”.
Hoy no hay suficientes vías férreas, carreteras, puertos o aeropuertos. La inversión de 523 mil millones de pesos para infraestructura logística ayudará al rezago existente de entre 25 y 30 por ciento. Mientras, se elevaran los costos logísticos y baja la competitividad.
Hay parques industriales y maquiladoras con pérdidas por variaciones de voltaje o microcortes eléctricos. Es obvia la poca resiliencia del sistema y eso frena la inversión. El Plan México implicaría una demanda eléctrica 10.1 por ciento superior a lo considerado en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, de acuerdo con el Imco, y la diferencia de 11.9 gigavatios, “evidencia que la infraestructura actualmente prevista no sería suficiente para respaldar esa trayectoria de crecimiento”. La solución: acelerar la expansión de infraestructura eléctrica con foco en la transmisión.
En telecomunicaciones sucede algo parecido que frena la productividad: el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 reconoce que México utiliza 695 MHz para servicios móviles de alcance masivo. La UIT recomienda mil 280 MHz para garantizar la calidad y cobertura de los servicios.
En agua y salud hay pendientes. El Programa Nacional Hídrico (PNH) identifica como reto el deterioro y rezago de la infraestructura hidráulica que resulta en brechas de acceso. El PNH es ambicioso, pero la inversión actual es tres veces menor de la que se requiere.
Mientras en México tenemos una cama hospitalaria por cada mil habitantes, el promedio de la OCDE es de 4.2 camas y Japón tiene más de 12. La inversión de 180 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria apremia.
Más allá de la infraestructura, el IMEF no se cansa de señalar el riesgo del estado de derecho porque “nadie invierte cuando no hay seguridad de que la inversión va a ser productiva en el largo plazo”, añadió Gabriela. Pero tampoco se invierte si una planta no puede tener electricidad, facilidades logísticas o servicios de salud para quienes la van a operar. El dilema
