Hay versiones de que los decapitadores fueron enviados ese día por personeros del gobierno a hostilizar a los asistentes a una conferencia que daba el propio Calderón, en el Hotel Marquis, y luego a descabezar su efigie en el ahora Complejo Cultural Los Pinos, antes residencia oficial de los presidentes de México, donde hay un sendero de estatuas, cada una más fea que la otra, de quienes fueron ilustres habitantes de ese espacio, el mejor que han tenido para vivir y trabajar los mandatarios de México en toda nuestra historia.
La estatua de Calderón estaba caída desde el mes de julio de 2025, cuando un alto fresno le cayó encima y la derribó.
Ahí la habían dejado los administradores del Complejo Cultural Los Pinos, tirada, diciendo que no tenían presupuesto para repararla, y asumiendo también, sospecho, con sectarismo característico, que era lo que merecía el presidente representado en la estatua.
No hay obsesión mayor en el discurso de la llamada 4T que la estigmatización del expresidente Calderón, a quien culpan de todos los males de la República y al que vuelven sin cesar, como la lengua al hoyo de la muela, cada vez que hay que distraer la atención, cargando las tintas sobre los años de gobierno de Calderón, cuyo pecado imperdonable es haber ganado, en 2006, una elección que el obradorismo creía suya.
La decapitación de Calderón es simbólica porque se practicó sobre su estatua, pero es un acto de violencia física ejercida contra la persona pública del expresidente.
Calderón respondió: “¡La estatua dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quiénes son ellos!”
“Para empezar, es un delito”, recordó.
Sí: daño a monumento artístico, tres a 10 años de prisión, según la ley federal de monumentos.
