En agosto de 2002, la procuraduría de Tlaxcala arrestó en Estado de México a seis hombres. Los acusó de delitos contra la salud, delincuencia organizada y secuestro. Dos de ellos han salido de prisión en este largo tiempo y uno murió en 2013 en la cárcel. Tres siguen recluidos a pesar de haberse probado la tortura en su contra y de que cada prueba contra ellos ha sido invalidada por el Poder Judicial. Veinticuatro años después, siguen en prisión sin sentencia definitiva.
Aquel operativo para inventar un grupo criminal fue ideado y operado por Édgar Bayardo del Villar, entonces subprocurador de Investigación de Delincuencia Organizada en el estado de Tlaxcala. Bayardo del Villar era un infiltrado trabajando para el cártel de Sinaloa, después pasó a la policía federal, terminó como testigo protegido y fue asesinado en un Starbucks de la colonia Del Valle en CdMx. Algunos agentes que hicieron aquellas detenciones tienen órdenes de aprehensión por tortura. De nada han servido estos datos.
Tampoco ha servido que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenara en 2023 “al Gobierno de México que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los Sres. Almanza, Hernández y Rodríguez sin dilación (...), ponerlos inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización”.
La semana pasada, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito ordenó a un juez que “deje insubsistente el auto de formal prisión (...) y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica de los quejosos, dentro del término ampliado de las 72 horas, para que estos ofrezcan la prueba de mérito, pero prescinda de conceder valor probatorio a las pruebas a las que se ha hecho alusión”. Algo que ya le habían pedido al juez y él había ignorado.
El juez: José Eduardo Morales Sánchez, especializado en Administración de Justicia para Adolescentes de Tlaxcala. Así el sistema de justicia mexicano. ¿Qué hará el juez Morales?
Para conocer más del caso: (https://shorturl.at/vXAld).
