No se necesitan encuestas para saber que en México nos urge un sistema de justicia que funcione, que se castigue a los delincuentes y proteja a las víctimas, que todos tengamos acceso a justicia expedita y sin corrupción. No podemos seguir con los niveles de inseguridad y vulnerabilidad, con el 95% de impunidad, donde se castiga a solo cuatro de cada 100 delitos cometidos.
Por eso es necesaria y urgente no solo una reforma al Poder Judicial, sino una revisión a todo el sistema de procuración de justicia, que va desde las policías preventivas, pasando por la policía investigadora y Ministerios Públicos de las Fiscalías, jueces y magistrados del poder judicial que determinaran la culpabilidad y la sentencia.
La propuesta presidencial de reforma al poder judicial, incluye la reducción de 11 a 9 ministros y reducir su periodo de 15 a 12 años, la reducción de prestaciones y salario, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura, establecer un máximo de seis meses para resoluciones fiscales y un año para penales. Pero la discusión se ha centrado en la propuesta de que los más de 1600 jueces de distrito y magistrados sean electos por voto popular, lo que puede ser una peligrosa ocurrencia.
Ya se ha dicho, para ser piloto de avión se requiere conocimientos técnicos, temple y valoraciones estrictas de disciplina para poner en sus manos la vida de 200 pasajeros en cada vuelo, igual para elegir un especialista para realizar una cirugía, uno busca al que tenga la mejor preparación, la mayor experiencia y aún así, siempre se cuela algún improvisado.
Igual debería de ser para elegir a los miembros del Poder Judicial, los que lleguen tienen que ser eruditos en derecho, los mejores en conocimiento de procedimientos, respetuosos y que vivan con valores y estar blindados para evitar los cañonazos de los poderosos y el crimen. No se trata de elegir al más simpático, al más popular o los abogados que impongan los narcos, eso además de ser muy riesgoso banaliza y politiza los nombramientos, cuando lo que necesitamos en México es más y mejor seguridad y un verdadero Estado de Derecho. Si, que el que la haga la pague.
