Una gestión responsable, transparente y basada en la evidencia es fundamental para asegurar que las inversiones públicas contribuyan de manera efectiva al bienestar colectivo, sin comprometer la estabilidad financiera ni el desarrollo de la nación en un mundo cambiante.
En promedio, México ha invertido en la década actual en el sector energético entre 60 a 70 mil millones de dólares, donde 90% por ciento es capital público y 10 por ciento privado.
Sin embargo, primero hay que entender los riesgos que tiene la inversión pública en el sector y tener en cuenta que 95 por ciento de las actividades operativas, de mantenimiento y actualizaciones técnicas de las empresas en el país dependen de la subcontratación de entidades físicas o morales mediante licitaciones públicas, invitaciones restringidas o asignaciones directas para cubrir la demanda de los mercados.
Tenemos que entender que para cualquier inversión en el sector de energía uno de los principales riesgos es la posibilidad de incurrir en sobrecostos o desviaciones presupuestales. Los proyectos pueden requerir capital adicional debido a factores imprevistos, como cambios en el precio de materiales, fluctuaciones en la tasa de cambio, retrasos en la construcción y problemas logísticos o ambientales. Cuando los costos superan las proyecciones iniciales se corre el riesgo de comprometer recursos destinados a otros sectores sociales prioritarios, afectando la calidad de vida y los servicios básicos para la población.
Además, los proyectos energéticos suelen ser de gran escala y largo plazo, lo que aumenta la incertidumbre en torno al retorno de la inversión. Un mal cálculo financiero puede dejar a la entidad pública con activos subutilizados, devaluados o incluso inviables.
La inversión de recursos públicos en energía está sujeta a presiones políticas y a cambios en las prioridades gubernamentales. Es común que los proyectos sean utilizados como instrumentos de imagen o propaganda, estableciendo metas poco realistas o acelerando procesos sin la debida planeación técnica. Los cambios en la administración pública pueden detener, modificar o incluso cancelar proyectos, generando pérdidas económicas y desconfianza en las entidades financieras y calificadoras.
Asimismo, existe el riesgo de corrupción, conflictos de interés y manejo poco transparente de los recursos ante proyectos carentes de una planeación adecuada. Incurriendo en no tener mecanismos sólidos de rendición de cuentas y supervisión independiente. Los proyectos pueden convertirse en focos de irregularidades y desvío de fondos, lo cual genera daños patrimoniales, no recuperables, y que depende de una buena gestión del órgano de fiscalización. Esto es responsabilidad del organismo de auditoria superior de una nación.
Dependiendo del mecanismo que se utilice para acceder a tecnología, y que ésta se aplique al sector energético, debe considerarse la constante evolución que puede tener, y con tecnologías emergentes actuales, tener en cuenta que pueden volver obsoletas las inversiones actuales en apenas unos años. Apostar recursos públicos a una tecnología específica implica el riesgo de perder competitividad, lo que puede traducirse en activos varados (stranded assets) y pérdidas económicas, por tal motivo debe haber una continua renovación.
Un fallo tecnológico puede retrasar la operación, elevar los costos o reducir los beneficios esperados. Por tanto, las regulaciones y leyes deben adaptarse de forma continua, basados en una cuestión técnica y no política, bajo órganos reguladores capaces de comprender y aplicar los cambios geopolíticos y del mercado interno con base en la demanda y consumo en el mediano a largo plazos.
El sector energético depende del mercado de consumo, que puede ir desde el comercial, industrial o doméstico, y cada uno tiene una característica especial con cambios constantes. Hoy ningún país tiene soberanía energética. Algunos solo han reducido su dependencia de otras naciones para tener la energía necesaria para sus mercados, por tanto, todos están sujetos a la dinámica de los mercados internacionales: la volatilidad de los precios de combustibles, cambios en la demanda y aparición de competidores privados o internacionales. Una caída en el precio de la energía puede reducir los ingresos esperados y hacer inviables ciertos proyectos públicos. La apertura a la competencia, las reformas regulatorias o la entrada de nuevas tecnologías pueden desplazar modelos de negocio tradicionales, poniendo en entredicho la viabilidad financiera de la inversión pública en proyectos no aptos para el futuro.
El uso de los recursos públicos implica una responsabilidad ética y social. Una mala gestión, accidentes, impactos ambientales o escándalos de corrupción pueden dañar de manera irreversible la imagen de la entidad responsable y de los tomadores de decisiones, disminuyendo la confianza pública y dificultando futuras inversiones.
De acuerdo con análisis realizado a diferentes países con inversión pública en el sector energético, se encontraron los siguientes retos que pueden afectar el ramo, incluido el de México:
- Desviación presupuestal: los costos reales pueden exceder por mucho las estimaciones iniciales debido a errores de planeación, inflación o cambios en la tecnología.
- Endeudamiento público: grandes proyectos pueden requerir financiamiento externo que incremente la deuda pública, afectando a otros sectores prioritarios, como salud o educación.
- Riesgo de activos varados: cambios tecnológicos o de mercado pueden hacer obsoletas infraestructuras,antes de que terminen su vida útil, dejando inversiones millonarias, sin recuperar.
- Fuga de recursos: el mal manejo de fondos puede dar lugar a corrupción, favoritismo o ineficiencia en la asignación, así como ejecución de los recursos.
¿Qué hacer para disminuir los riesgos?
- Realizar estudios de factibilidad técnica, financiera, social y ambiental,antes de aprobar cualquier inversión relevante.
- Garantizar procesos de licitación y contratación transparentes con mecanismos sólidos de supervisión y auditoría autónoma.
- Diversificar las fuentes de energía y evitar la dependencia de una sola tecnología o proveedor.
- Establecer sistemas de monitoreo y evaluación continuos para identificar a tiempo desviaciones y corregir el rumbo, así como realizar auditorías en periodos más cortos.
- Capacitar al personal público en gestión de proyectos, análisis de riesgos y mejores prácticas internacionales acopladas a la geopolítica energética.
- Fortalecer los marcos regulatorios y de gobernanza para garantizar la rendición de cuentas y la integridad institucional y así determinar si el gasto fue el correcto.
Es muy probable que en 2026 el presupuesto programado en el sector de energía sea igual o menor debido a la política de reducir el déficit presupuestal y el aumento de una mayor cantidad en el desarrollo social, sobre todo en los programas de apoyo, que pueden llegar a un billón de pesos, y que será casi igual al gasto de energía.
¿Qué hacer para mejorar el futuro del sector energético?
