Después de que el Partido Verde y el del Trabajo se opusieran a la reforma constitucional en materia electoral porque no pueden dejar de vivir de plurinominales ni de prerrogativas, se intenta recomponer la relación política para restablecer la alianza legislativa sumándose al llamado plan B que en realidad dista de hacer enmiendas sustanciales a la normativa de elecciones y al sistema de partidos, y se reorienta con un pretexto de reconciliación política para enmendar el modelo discrecional de legislaturas locales e integración de cabildos en ayuntamientos.
Definitivamente son áreas muy diferentes que no necesariamente están directamente vinculadas en la discusión y enmienda del régimen democrático en particular a la integración del congreso y a las prerrogativas de los partidos políticos, la negativa de acompañamiento del PT y PVEM en estos puntos torales de la propuesta de reforma electoral, es una forma de retractarse al compromiso de campaña que fue asumido conjuntamente con la Presidenta en tiempos de promoción de voto y exposición de propuestas, lo cual fue y ha sido una exigencia ciudadana por el exceso de recursos públicos que van a dar a los partidos políticos y que éstos a su vez son repartidos como botín económico entre unos cuantos que se han enriquecido al apropiarse de la franquicia partidista desvirtuando el objetivo fundamental de que los partidos son instituciones de interés público y son el instrumento para que el ciudadano arribe a cargos de elección popular.
El plan B por su lado atiende otros planos que no dejan de ser aspectos importantes y urgentes de enmendar, que en estricto sentido violenta de alguna manera el pacto federal en el que las entidades federativas tienen cierta autonomía en su conformación siempre y cuando ésta no se contraponga a los lineamientos constitucionales de una estructura republicana, que por la vía de los hechos, dichas entidades y municipios no están acorde a las directrices de la transformación del país como es el caso de la austeridad republicana, ya que en diversos congresos locales los ingresos de cada legislador siguen siendo un exceso que los hace discordantes a las políticas de austeridad del gobierno federal.
Estas enmiendas que fijan parámetros constitucionales para la integración de cabildos y un ajuste en el gasto de congresos locales no tiene nada que ver con el sistema de partidos no con la integración del congreso federal, el status quo en el mecanismo de designación de plurinominales beneficia a morena y al PT y PVEM, pero la cerrazón de la oposición y el modus vivendi de quienes viven de los partidos incluyendo a los partidos aliados de morena evidentemente no iban a renunciar a sus privilegios, y con ello se la juegan a que la ciudadanía les cobre factura de incumplir compromisos de campaña y sobre todo de dar la espalda a la presidenta y al movimiento porque lo planteado en la propuesta de reforma es un deber ético y moral que tiene que ver con la transformación del país erradicando los vicios del viejo régimen que han beneficiado durante décadas a estos partidos que están pragmáticamente siempre del lado del poder sin importar principios.
La lista plurinominal del Senado es el mejor ejemplo de incongruencia y evidencia la forma en que una entidad federativa puede tener una sobre representación política por la posible coincidencia de que los partidos registren a personas que sean de un mismos estado, pero dicha lista es para seguir acomodando a personajes que pertenecen a las elites partidistas aun y no tengan un representatividad genuina de la entidad ni ciudadana.
