Todas las legislaciones prohíben, en términos generales, matar, así como robar, pues no podría organizarse una sociedad donde se procediera de otro modo. Como las leyes sobre estos asuntos derivan de una convicción sobre los fundamentos mismos de la convivencia humana, el hecho muestra que los fundamentos de las leyes y del orden jurídico es un fundamento moral. Por lo mismo, la autoridad no puede determinarse solamente por criterios sociológicos o históricos, lo que traería como consecuencia privar a las leyes, de su fuerza obligatoria, debilitando también la autoridad política en lo ejecutivo y en lo judicial.
Si tal es el fundamento no sólo de lo jurídico sino de la misma autoridad, significa que ésta debe reconocer los principios morales esenciales, que son innatos, es decir, "derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir”, como decía Juan Pablo II. Se trata de un reconocimiento de algo que está inscrito en lo más profundo del ser humano y que es referencia del obrar no nada más en lo individual, sino también a nivel de la sociedad.
No se trata de que el actuar de la autoridad se determine exclusivamente desde la moral, sino de que tales determinaciones la respeten y la tengan como fundamento. Así como un médico debe guiarse en su profesión según importantes criterios éticos, pero eso no le exime, antes le obliga, a saber bien anatomía, fisiología y demás ciencias y artes médicas, así quienes detentan la autoridad no están eximidos de conocer sociología, política, economía y demás ciencias y artes convenientes.
En el ordenamiento estatal no basta encontrar el equilibrio de intereses diversos o incluso contrapuestos. Ciertamente esto es una tarea a la que la autoridad debe dedicar un notable esfuerzo; pero ese equilibrio debe suponer el respeto a la dignidad del ser humano, y a los derechos de las personas y de las agrupaciones que forman. Obviamente esta no es una tarea sencilla, pero no puede llevarse a cabo sin un sólido fundamento moral.
El Estado debe emitir leyes justas, de modo que el ciudadano encuentre que cumple no solo con una exigencia exterior, sino con una que se apoya en la de su propia conciencia, que realiza el bien y que él mismo se hace más bueno como ser humano. Por ello, cuando las leyes contrastan con la conciencia la autoridad debe admitir que un ciudadano no está obligado a seguir prescripciones contrarias a la moral.
Pedro Miguel Funes Díaz
