¿Por qué cambió tanto Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde quedó aquel político empático con las víctimas de la violencia, el crítico contundente de la complicidad entre el poder político y el narcotráfico?
¿Dónde fue a parar el líder social que muy temprano se reunió con los padres de las víctimas de Ayotzinapa para prometerles que, en caso de llegar a la presidencia, él resolvería la misteriosa desaparición de sus hijos antes de concluir su primer año de gobierno?
¿En qué estación de la historia se mudó de tren el hombre que antes se había sumado con entusiasmo al movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia? ¿Por qué olvidó a las víctimas de feminicidio, a cuyas madres visitó varias veces en Ciudad Juárez? ¿O a las comunidades que frecuentaba en Guerrero, Sinaloa o Veracruz, tan heridas por los crímenes de los mercenarios de la droga?
¿Dónde perdimos a López Obrador, primero entre muchos en utilizar el término “narcogobierno”, para denunciar los nexos entre el poder político nacional y Cártel de Sinaloa?
El primer López Obrador, que fue empático con el dolor provocado por la violencia, se distingue del segundo que ahora califica al crimen organizado como un mero pretexto: “licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona”. Así lo afirmó en la carta de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum del miércoles pasado.
Dada la magnitud de la crisis de muerte y desaparición que continúa viviendo el país es miserable tergiversar los argumentos. La prioridad en México no es el combate a la migración o el narcoterrorismo –objetivos que son de los Estados Unidos– sino rescatarnos, a nosotros mismos, de una violencia ejercida contra la población que continúa siendo abominable.
En abril de este año el 61.5 por ciento que habita en nuestras ciudades consideró inseguro su entorno. Esta percepción ha variado muy poco, apenas un 0.8 por ciento de reducción en doce meses.
Tal apreciación se debe mucho a la experiencia sufrida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vale revisar las cifras: entre 2006 y 2026 la criminalidad cobró aproximadamente 455 mil vidas. De todas esas muertes, el sexenio de López Obrador aportó 188 mil 289. En contraste, el gobierno de Felipe Calderón sumó 102 mil 859 y el de Enrique Peña 137 mil 289. La administración de Claudia Sheinbaum ha añadido, hasta ahora, 27 mil 227 víctimas.
El fenómeno de las desapariciones muestra una tendencia similar: Felipe Calderón (16 mil 903), Peña Nieto (32 mil 532) y López Obrador (53 mil 261). La administración de Sheinbaum exhibe los peores números en este rubro: las desapariciones diarias han crecido en un 60 por ciento.
Estos números no son ninguna “cantaleta”, tampoco un frívolo “pretexto” para golpear a Morena y su Cuarta Transformación, no es el discurso torcido de los opositores, tampoco el recurso retórico del gobierno de Estados Unidos para vulnerar la soberanía del país: es la necia y letal realidad que experimentamos.
La violencia se percibe, se vive, se sufre, se duele y se lamenta todos los días en México. Y, hasta ahora, las políticas emprendidas para pacificar al país han fallado. Pide Claudia Sheinbaum que, a pesar de todo, tengamos confianza en las instituciones. Esta semana declaró: “¿Tienen problemas? Sí, pero hay que confiar en ellas, porque en el momento en que quien decida por México sean las instituciones extranjeras … (será) muy peligroso para la soberanía nacional”.
Aquí me aparto del argumento presidencial. La soberanía ha estado en riesgo mucho antes de la actual coyuntura. Atendiendo a una definición actualizada de soberanía, en al menos el 40 por ciento del territorio mexicano el gobierno no es capaz de tomar decisiones vinculantes basadas en la ley y tampoco puede hacerlas cumplir. Sucede igual con una buena parte de la población que no es gobernada por el Estado sino por entidades criminales que han suplantado en el territorio a la autoridad.
Si de lo que se trata es de defender la soberanía, la clave estaría precisamente en esas instituciones a las que no les tenemos confianza. Es cierto que en los últimos quince meses se ha intensificado la detención de líderes y cabecillas del crimen organizado, entre quienes destaca Nemesio Oseguera, dirigente principal del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, esas redes volverán a constituirse mientras exista, desde la política formal, la otra parte de la ecuación; es decir, los políticos y funcionarios que protegen y promueven a las redes criminales.
Es tan obvio que sorprende la negación del hecho: México no cuenta con capacidad para procesar judicialmente a los políticos encumbrados que están metidos en el negocio del narcotráfico. Prueba de ello es que prácticamente todos los expedientes de alto perfil han sido juzgados en tribunales estadunidenses.
La excepción es el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, acusado de recibir sobornos del narco. Todos los demás corruptos –Genaro García Luna, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández o Edgar Veytia, entre tantos otros– habrían gozado de impunidad sin la persecución criminal de los tribunales vecinos.
Se necesita clarificar: el caso del gobernador Rubén Rocha Moya y la red sinaloense que enfrenta acusaciones en los tribunales de Nueva York es la norma y no la excepción.
¿Qué se supone que debería hacer Estados Unidos con esta incapacidad de las instituciones mexicanas? ¿Cruzarse de brazos para no afectar la soberanía, muy maltrecha, de su socio comercial? ¿Esperar a que pasen sus elecciones intermedias del 2026 o las mexicanas del 2027 para evitar sospechas de injerencia extraterritorial?
La carta de Andrés Manuel López Obrador (expresidente) es una traición a Andrés Manuel López Obrador (opositor). Pide en ella que el país entero se haga de la vista gorda frente a la lastimosa violencia y la insoportable complicidad de la política con el crimen organizado para que así salvemos a la Cuarta Transformación y a su partido, Morena.
Es pedirnos demasiado, a las y los mexicanos y también al gobierno gringo, independientemente de quién lo encabece.
Parafraseando la reciente carta del expresidente López Obrador me atrevo aquí a atribuir su travestismo a los falsos amigos y consejeros “que lo embarcaron en viles y siniestras aventuras… paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, trepadores y malvados”.
¡Por el bien de todos, sería un milagro extraordinario que regresara el otro López Obrador.
