Desde 2012 hasta 2025, los ingresos tributarios en México han crecido casi 6 veces en términos nominales. La mitad de ese crecimiento (gráfica 1) se dio de 2012 a 2016, pasando el enfoque fiscal de uno de aumento a la fiscalización a uno de aumento de impuestos, lo cual desembocó en la reforma hacendaria del 2014. La segunda parte del crecimiento tiene lugar de 2018 a 2025, considerando que la contribución fiscal creció incluso durante la pandemia, período que incluyó la negociación con los grandes contribuyentes para cumplir con sus impuestos acumulados. Pero de 2022 a 2025, habiéndose agotado esa fuente de grandes contribuyentes, la política fiscal mexicana se ha negado a aumentar en forma generalizada los impuestos, y más bien las leyes de ingresos subsecuentes se han concentrado en encontrar las principales fuentes de evasión. La primera más grande de ellas ha sido la detección de empresas que pagaban la nómina de otras, pero con mínimas prestaciones a los trabajadores, y con gran volatilidad en despidos temporales para que no acumularan primas de antigüedad. La segunda gran fuente de ingresos tributarios procede del combate a las factureras, empresas que emiten facturas de gastos que no existen para disminuir los ingresos netos de las empresas. Está tarea ha sido muy ardua, y aunque ha tenido resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que queda aún mucho por hacer. Y la tercera gran fuente del aumento ha sido una mayor fiscalización de aduanas, donde el contrabando de mercancías hacia México ha impedido su debida contribución.
México ocupa el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en piratería y contrabando, representando aproximadamente el 1.25% del PIB nacional. Considerando que el PIB estimado para 2025 ronda los 36 billones de pesos (basado en proyecciones de recaudación tributaria al 14.6% del PIB), esto equivale a unas pérdidas anuales de alrededor de 450,000 millones de pesos solo por piratería y contrabando general. Para 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha cuantificado un perjuicio fiscal de hasta 22,843 millones de pesos hasta septiembre, un aumento significativo respecto a los 7,254 millones de pesos reportados en 2024, principalmente por contrabando. En sectores específicos, como el contrabando de combustibles, se estima al menos 9,000 millones de dólares anuales (equivalente a unos 175,000 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 19.5 pesos por dólar), representando el 30% del consumo interno de gasolina y diésel no cubierto por cadenas regulares. Estas cifras no incluyen impactos indirectos, como la subvaluación de importaciones o la falsificación de electrónicos, que suman miles de millones adicionales en pérdidas anuales. Los productos más afectados incluyen prendas de vestir (26.3%), calzado (26.3%), accesorios (24.7%), películas y series (15.3%), y música (13.8%).
Como se puede ver, se ha avanzado mucho en materia de efectividad en la contribución fiscal pero tan solo atacando las dos fuentes más importantes de evasión, las factureras y el contrabando, podríamos acercarnos aún más a los indicadores de la OCDE, que son del 30 por ciento. Vamos un poco más que a la mitad. Pero, más importante aún, podríamos cerrar más rápidamente las brechas de gasto, principalmente en salud, con respecto a los países avanzados.
