La crisis política y social por el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa baleados, desparecidos y presumiblemente asesinados, está fuera del control gubernamental.
Para quienes conocen de las condiciones históricas sociales y políticas en el estado de Guerrero, el conflicto se agravó con el caso de corrupción del PRD que tuvo su máxima expresión la noche del 26 de septiembre en Iguala.
En medio de las “revelaciones“ de la PGR en torno al resultado de las indagatorias ministeriales de la desaparición de los normalistas apareció el nombre de José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Hijo de maestros normalistas, José Luis viajó en la década de los sesenta a la ciudad de Puebla junto con sus familias para realizar sus estudios.
Concluido el compromiso con su familia para cumplir con actividades académicas, Hernández Rivera retornó a su estado natal donde decidió continuar con su actividad educativa, en una época conflictiva en el estado de Guerrero.
Por su actividad como maestro y activista social en una entidad violenta fue víctima de las llamadas “brigadas blancas” que irrumpieron en su domicilio para capturarlo y “desaparecerlo”, lo que no ocurrió por una omisión de sus captores, pese a estar en una aeronave sobrevolando a mar abierto.
Severamente dañado al ser sometido a prácticas de tortura, liberado años después sin ser procesado, Hernández continuó con su vida profesional ejerciendo la docencia en el estado de Guerrero.
Por sus antecedentes relacionados a su activismo social, nuevamente el maestro normalista es acosado por las autoridades federales, derivado de un “señalamiento” de un “sicario” ligado a la delincuencia organizada, quien lo acusa de haber “recibido dinero” para enviar a los normalistas a Iguala, la noche del 26 de septiembre.
Para los activistas sociales, las autoridades ministeriales federales incriminan a Hernández Rivera por los antecedentes de la llamada “guerra sucia” en México, lo que comprueba los “palos de ciego” de un conflicto social y político de una estado violento donde irrumpe la delincuencia organizada.
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