El 1 de diciembre del 2018, al dirigirse a la nación una vez investido como Presidente en el Zócalo de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador enlistó 100 compromisos que, aseguró, empezarían a cumplirse de inmediato para cimentar la transformación del país, y al segundo año de gobierno afirmaba que ya estaba cumplido 95%.
Podrían revisarse y discutirse los resultados en muchos de ellos y sin duda que podrían plantearse interrogantes en temas como las guarderías infantiles, las universidades, la atención médica y medicamentos gratuitos, Segalmex, la deuda, etcétera, pero ¿Qué podría decirse del compromiso 92: “Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes”? ¿Se cumplió o está por cumplirse? No parece.
En la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, las mayorías morenistas con sus aliados decidieron suprimir las posibilidades de análisis de sus propuestas de cambios, sometiéndolos a votación en pleno sin discutirse previamente en comisiones. Con urgencia inaudita, antes de concluir el período de sesiones dejaron incompleto al INAI, transfirieron la misión del INSABI al programa IMSS-Bienestar, avalaron la nueva Ley de Ciencias, Tecnología e Innovación.
Crearon una aerolínea a cargo de la Sedena, aprobaron que los impuestos a turistas extranjeros vayan al Tren Maya -mismo que administrará el ejército-; también que todos los procesos de contratación y supervisión de procesos de adquisición de bienes para la administración pública quede en manos de la secretaría de la Función Pública, y hubo reformas para crear nuevas reglas para la enajenación de bienes nacionales, entre otras.
La mayoría no aceptó ninguna reserva ni observación, y sin análisis ni discusión procedió a las aprobaciones, de tal forma que aún estará por verse cómo pretenden cumplir lo que aprobaron y que implicaciones tendrá.
El proceder de los diputados y senadores morenistas en acatamiento a las indicaciones del mandatario no parecen muy respetuosas con el Poder Legislativo y la colección de descalificaciones proferidas contra el Poder Judicial –la Suprema Corte- cuando ha fallado en contra de la voluntad presidencial, tampoco.
Pero al parecer nuevamente podría ser el máximo tribunal del país el que tendrá la posibilidad de refrendar la división de poderes si los legisladores de oposición interponen acciones de inconstitucionalidad por irregularidades en los procedimientos legislativos en el Senado, que el viernes, al vapor, en sede alterna y sin opositores dio luz verde a los cambios.
El argumento que este proceder no es ilegal ni inédito, tal vez, pero ese era “el poder de los poderes” que se supone con este gobierno tendría que haber pasado a la historia. El equilibrio, los contrapesos, el respeto a la oposición, la incorporación de nuevas ideas o correcciones, no aplicó. Va para el quinto año, ojalá no se les hubiera olvidado el compromiso 92.
