En la transacción para convertir el ejercicio de un derecho en su alienación a cambio de bienes de consumo básico, se ubican los pies de barro del portentoso gigante que es nuestro sistema electoral. Fruto de décadas de fraude “a pie de urna”, el diseño de la política comicial del país se centró en generar soluciones que permitieran el control absoluto de lo que ocurría con la boleta en cada momento del proceso electoral. Con este objetivo surgen infinidad de “candados” tales como la integración por sorteo del funcionariado de casilla, la credencial para votar con fotografía, las boletas foliadas y en papel seguridad, las urnas transparentes, la tinta indeleble, los sistemas de resultados preliminares auditados por expertos y un larguísimo etcétera.
Sin embargo, esta supervisión, viable en prácticamente todo momento del proceso electoral a través de las herramientas que acabamos de describir, tiene un punto casi ciego, que es precisamente el clientelismo electoral: el ofrecimiento de bienes de consumo básico a cambio del voto y el condicionamiento de programas sociales a comprometer el sufragio en favor de quien otorga los beneficios de esos esquemas gubernamentales.
Es verdad que los procesos de fiscalización que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral han evolucionado positivamente, sin embargo, el despliegue que esa supervisión requiere a todo lo largo y ancho del país prácticamente es imposible. Se tiene que cerrar la pinza desde otros frentes: apelar (lo digo sin candidez, con la convicción de que en política hay quienes tienen altura de miras y visión de Estado) a la autocontención de parte de quienes administran los programas sociales porque, además, son ellos quienes pueden trabajar en solucionar el problema de raíz combatiendo la pobreza. Entre uno y otro punto debe ubicarse, además, la educación cívica para que cada individuo reivindique el libre ejercicio de su sufragio. Solo así lo que quede en las urnas será efectivamente la voluntad popular.
Politóloga*miriamhd4@yahoo.com
