La marcha ciudadana que partió de La Minerva a Casa Jalisco para exigir agua limpia se salió de control. Entre 10 mil y 20 mil personas según distintas fuentes. Denunciaban agua color café y con olor a drenaje en cerca de 300 colonias de la AMG. Terminó en enfrentamiento frente a Casa Jalisco tras el retiro de vallas, con uso de gas lacrimógeno, chorros de agua a presión y bombas aturdidoras por parte de antimotines. Saldo oficial: 39 detenidos, 28 policías lesionados y 31 civiles atendidos. Todos los detenidos ya fueron liberados, aunque 4 fueron vinculados a proceso por lesiones calificadas. El caso ya lo atrajo la CNDH y fue cuestionado por la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias mañaneras.
La demanda no era ideológica, era de servicios básicos: agua limpia. Meses de reportes en colonias como Centro, Atlas, Jardines de la Cruz, Ciudad Granja, Verde Valle por mencionar solo algunas. Al no tener una narrativa técnica y una solución visible antes de la marcha, el gobierno convirtió un tema de gestión en un tema de legitimidad. Vallar casa Jalisco para una protesta de familias, niños y adultos mayores fue una mala señal. Cuando los manifestantes retiraron las vallas, la policía no supo qué hacer y respondió con un protocolo de control de disturbios para una marcha que era mayoritariamente pacífica. Eso es desproporcionalidad.
Reprimir con chorros de agua a una marcha que pide agua limpia es, en comunicación política, un suicidio simbólico. Los videos se volvieron virales precisamente por eso. Si además le sumas gas lacrimógeno frente a familias y los ataques a todo tipo de participantes.
Un silencio que aturdía pues fue hasta el lunes, que el gobierno se pronuncia y lo hace para justificar el operativo, señalando como responsables a un grupo de choque de 400 personas, donde además se solidarizó con la policía. El martes el gobernador tuvo que corregir y reconocer: “Hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas”. Ese giro en 24 horas proyecta falta de control de la información y reactiva la sospecha de encubrimiento.
Tuvieron que pasar más de 200 videos revisados y presión federal para identificar a 17 policías por actuar fuera de protocolo. La pregunta que deja instalada la presidenta Sheinbaum –“¿Quién dio la orden?”– es la más peligrosa para un gobernador, porque escala el caso de abuso policial a responsabilidad política.
Lemus ya hizo lo correcto al reconocer el error y liberar a todos los detenidos. Ahora tiene 3 ventanas:
No puede ganar la narrativa policial. Tiene que ganar la técnica. Anunciar un plan de emergencia auditado por terceros para todas las colonias afectadas, con calendario de muestreos de SIAPA, publicación de resultados de calidad, abrir la discusión de su iniciativa en el congreso local y transparentar todo el proceso de licitación para la propuesta del nuevo acueducto. Convertir la demanda en su agenda.
No basta con Asuntos Internos. Las oportunidades son:
- Separación inmediata y proceso penal para los 17 identificados y para los responsables, no solo sanción administrativa.
- Reparación del daño: devolver motocicleta, casco y celular a casos como el de Samuel Morales y cubrir gastos médicos de hospitalizados.
- Aceptar la coadyuvancia de la CNDH y la CEDHJ sin resistencias. Eso puede quitar el argumento de represión al gobierno federal.
Casa Jalisco no puede seguir siendo fortaleza. Abrirla para una mesa con los organizadores de la marcha, no con líderes acarreados. Que el gobernador reciba a víctimas, como ya anunció Sheinbaum que lo hará. El gesto vale más que 10 boletines.
En política, la represión de una causa legítima casi siempre fortalece la causa. Pablo Lemus tiene una oportunidad rara: si asume el costo político completo ahora, puede convertir esta crisis en el momento donde su gobierno demuestra que sí entiende que el agua no es un tema de seguridad pública, sino de derecho humano. Lo del agua al agua pues.
Mención especial de reconocimiento a todas las personas, a las y los profes y ciudadanos que se activaron desde el primer momento para arropar a las víctimas, a las familias de los detenidos y exigir su libertad.
