El escándalo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es sino espejo de una realidad incontrovertible: primero, como dice el presidente López Obrador, corrupción al por mayor hacia el interior de los órganos de justicia en México (ya lo sabíamos) y, segundo, el contrasentido de las expresiones presidenciales que sigue buscando la forma de ejercer dominio sobre aquel poder, con todo y que “ya no somos iguales”. El caso del magistrado José Luis Vargas Valdez, depuesto legalmente o no pero depuesto al fin, como presidente del TEPJF, es el ejemplo más palpable del grado de infección de las estructuras judiciales de la manera incluso ostentosa de alardear fuerza, abuso, connivencia con el gobierno central y, en no pocos, casos, oportunista vasallaje para mantener fueros y privilegios.
En la semana, igual sorprendió la repentina renuncia a la posibilidad de ampliar su mandato por dos años más (que no reelección, insiste López Obrador), del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en una actitud en la que no por demorada deja de significar mucho, muchísimo para eso que llaman autonomía del Poder Judicial. Y es que no se la puso fácil el presidente a Zaldívar desde el momento en que se lanza la iniciativa filtrada a un senador “don nadie” para que figurara entre los transitorios de la reforma a dicho poder y su consecuente aprobación. El paso hacia la legalización de lo evidentemente anticonstitucional en la misma Corte fue una trampa de la cual el ministro presidente no supo de momento qué hacer para no confrontar el “regalo” del presidente, quien lo quería a su lado hasta fin de sexenio ya que, a su entender, era el “único” que aseguraría que la reforma caminara con honestidad y eficacia. Zaldívar, a fin de cuentas, asumió el riesgo de ver comprometida toda su trayectoria y de verse desposeído de la calidad de jurisconsulto y hombre ético que necesita para cumplir su encomienda. Aprovechó la situación del Tribunal Electoral, y renunció al privilegio hasta antes de que su constitucionalidad fuera analizada por sus compañeros ministros. Fue inteligente, sin duda, y ahora AMLO tendrá que enfocar sus pretensiones absolutistas al menos de una diferente manera.
Lo que sí representa cierto misterio es la manera en la que se han desarrollado las cosas en el caso de Vargas López al frente del Tribunal Electoral. Aunque, como todos los magistrados y ministros, vienen de “los tiempos de antes”, llegó a extremos de docilidad inconcebible a la voluntad de López Obrador desde que asumió el mando del órgano encargado nada menos que de garantizar justicia en las determinaciones democráticas más trascendentales. Su sujeción a la voluntad del mandatario y sus deseos de eliminarle enemigos -como el caso de su exitosa postura para cerrarle el paso al partido México Libre de Margarita Zavala, esposa de su peor némesis-, lo ubicó de inmediato como el “Magistrado de la 4T”.
La vida de lujos y despilfarros con dinero público de Vargas tuvo al parecer su salvación en la comodidad de ser el mejor “servidor de la nación” que pudo soñar Andrés Manuel. Al menos son doce las sentencias electorales trascendentes que impulsó Vargas a favor del presidente y del partido Morena, a quien le rescató y quitó por ejemplo la sanción de 197 millones de pesos que le había impuesto el INE por los turbios manejos de su “fideicomiso para los sismos”, una de tantas figuras electoreras que han manejado los morenistas, como sus presuntas “donaciones” para comprar vacunas. Y ni qué decir de que Vargas fue, en solitario, el único que se opuso entre los magistrados a la sanción para despojar de candidaturas a los aspirantes de Morena a las gubernaturas de Michoacán, Raúl Morón y de Guerrero, Félix Salgado.
Lo cierto es que el gobierno federal, por si acaso, le colocó a Vargas una espada de Damocles sobre su cabeza, con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y que arrojan irregularidades en sus declaraciones y que promedian los 30 millones de recursos obtenidos supuestamente de manera ilícita, cuestión que también fue argumentada hace tiempo entre los magistrados en bloque para intentar destituirlo, como finalmente sucederá con una muy viable renuncia.
Pero lo preocupante es el menosprecio de López Obrador por los jueces y magistrados, e incluso hacia ministros como el señalamiento público y equivocado de un “tuit” falso del que se valió para atacar a Reyes Rodríguez Mondragón, y que es ampliado al extremo de hablar muy frecuentemente de lo “podrido” de la justicia mexicana. Sabemos que hay descomposición en muchos lados, lo mismo a nivel nacional que en los estados, incluido Jalisco, pero la manera de generalizar del presidente sólo habla de su afán de control, de que el Judicial se acople a sus caprichos y deseos, de su afán desmedido por incurrir hasta en lo ilegal para lograr sus fines. Mucho hay que arreglar en materia de justicia para hacerla confiable y eficiente, pero el camino no es, definitivamente, el que marca con prepotencia el presidente.
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