Desde tiempos bíblicos se ha hecho común la aplicación de la “doble vara” para medir las cosas. Es decir, en términos actuales se trata simplemente de ajustar la moral y la ley, al que tiene la mayor ventaja y poder. No hay sombra ya de duda de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a correr riesgos y enfrentar un desgaste si se trata de cobijar a sus incondicionales. Lo sucedido en el caso de Manuel Bartlett, uno de los personajes más cuestionados de la política mexicana por décadas, sobre todo desde la famosa “caída del sistema” de la que él se excusa como responsable electoral de lo que en aquel entonces significó el triunfo de Carlos Salinas, aunque ahora diga repudiarlo, es el ejemplo vivo de que la justicia prevalece hoy, pero, como se cita coloquialmente, “en los bueyes de mi compadre”.
Estos días ha sido muy frecuente el comparativo entre lo sucedido en la exoneración de Bartlett y la de Peña Nieto con el tema de la Casa Blanca. Efectivamente, los argumentos dados por la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval no difieren casi en nada de los ofrecidos por su antecesor en el período peñista, el tristemente recordado Virgilio Andrade, en cuanto a la manera de aplicar leyes y reglamentos a modo de los intereses de sus respectivos jefes. En otras palabras, la práctica de ser juez y parte no cambió ni con la “cuarta transformación”, antes bien se refinó ya que se supone ahora se cuenta con una legislación anticorruptelas más sofisticada que la anterior. La verdad es de no creerse que Sandoval Ballesteros, quien cuenta con un antecedente académico de primer nivel en estos temas, sea quien fustigue hasta a los empresarios por pagar malos salarios y que también encabece las tareas hacia una “nueva ética del estado” y su relación con los demás sectores de la sociedad. Pero, para Bartlett todo fue miel sobre hojuelas. La presunta investigación que la secretaria Sandoval “resumió” en 29 cuartillas leídas para confundir más que para acreditar el análisis de las demandas de enriquecimiento y otras faltas presentadas contra el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, fueron suficientes no sólo para exonerar sino incluso para encumbrar al funcionario. Lo verdaderamente cínico del asunto es que después de todo el montaje y teatro, se le haya dado a Bartlett un respaldo enorme, proclamado con festín de triunfo, por parte del mismísimo presidente. Lo menos, cabría en un plano de prudencia y para ser más discretos, dejar las cosas así ya que ahora las peores críticas recaerán sobre la secretaria de la Función Pública y su entorno, incluyendo su marido, el norteamericano nacionalizado mexicano John Ackerman, “ideólogo” del morenismo y muy pero muy cercano a López. Al cabo, todo se vale.
Sin embargo, ya no es de extrañar. Bartlett seguirá gozando de fuero que se le otorgó para justificar su situación aduciendo que Julia Elena Abdala, innegable prestanombres de muchos de sus bienes y empresas, no es su “concubina” desde el punto de vista legal luego de veinte años de ser su “pareja sentimental”.
En otras épocas, López casi quemaría vivo al que tal hiciera, como igualmente censurara acremente las adjudicaciones directas en las obras, o reprobaba los mayoriteos de las cámaras y atacaba las “imposiciones” en el Poder Judicial o en los órganos independientes. Ahora todo ello forma parte de su conducta habitual.
Lástima por quienes hemos creído en que la lucha y el combate a la corrupción y al engaño iba en serio. Peor exponente de la degradación moral no podía haber como el caso de Bartlett. A final de cuentas, el mensaje queda: sí hay quienes están por encima de la ley, sólo falta que haya quien sepa ajustar la doble vara correspondiente.
