En las redes sociales se desató una guerra de cifras el sábado por la tarde, para decidir quién había llevado más gente a los cierres de campaña de Alejandro Armenta o Eduardo Rivera, como si eso fuera determinante en el resultado del próximo 2 de junio.
Las imágenes en ambos eventos mostraban huecos en diferentes momentos, y algunas dejaron ver que los militantes se retiraban del lugar en pleno discurso de las aspirantes presidenciales.
Los números oficiales hablaban de 60 mil en el caso de la coalición Seguiremos Haciendo Historia y más de 30 mil en el evento del candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD-PSI.
Suponiendo sin conceder que esos datos sean los más cercanos a la realidad, tampoco quiere decir que esa vaya a ser la tendencia el próximo domingo, porque la gran mayoría de ellos iban presionados u obligados por alguna razón.
Los partidos políticos (todos son iguales) han aprendido a movilizar a miles de personas a cambio de algo. Si no fuera de esa manera, los eventos tendrían menos de la mitad de asistencia.
En el lamentable suceso de Monterrey donde fallecieron 9 personas y más de un centenar resultaran heridas, había cientos de personas porque iban a ver al grupo Bronco. Con todo respeto, dudo que fueran militantes del Movimiento Ciudadano.
Por ejemplo en el caso de Puebla, había personas de municipios foráneos, lo cual quiere decir que hubo acarreo o movilización como ahora le dicen, pero muchos fueron obligados a desplazarse desde sus lugares de origen por alguna razón.
A los operadores políticos les encanta quedar bien con sus jefes, y son capaces de cualquier cosa para demostrar “músculo”. De alguna manera quieren justificar los miles de pesos que les entregan para lograr el objetivo.
Insisto, la verdadera demostración es el Día D, y eso lo saben perfectamente, por lo que los medios de información esperamos una jornada pacífica pero con muchos incidentes de ese tipo, porque los partidos han invertido mucho tiempo y dinero.
De todo corazón espero que los ciudadanos superen a los políticos, y que acudan en niveles de participación por arriba del 60 por ciento del padrón. Lo que está en juego no es sólo la elección de un gobernante, sino el futuro del estado.
