El sistema de transporte colectivo en Monterrey y su Área Metropolitana desplaza en promedio a 16 millones 216 mil 612 pasajeros mensualmente, de acuerdo con cifras del Inegi.
En esta medición se incluyen sistemas como la Ecovía, Metrorrey, Transmetro y Metrobús, que son los únicos que registra estadísticamente. Están fuera de esa observación los autos de plataforma y los taxis concesionados por el Estado.
Por esa razón, la autoridad tiene un menor control sobre estos dos, y es aquí donde los usuarios están indefensos cuando por algún motivo se ven afectados. De los taxistas hay miles de historias de terror, así como los de Uber, DiDi y otras compañías que circulan por las calles de la metrópoli.
Si nos centramos en los taxis que operan bajo el permiso de la Secretaría de Movilidad, cada día están en peores condiciones mecánicas, y por lo mismo tienen mayor posibilidad de protagonizar accidentes fatales.
Aunque hace años respetaban una tarifa establecida y el taxímetro para el cobro de una carrera, hoy en día hacen caso omiso, y deciden de manera arbitraria el costo de un trayecto y, si por algún motivo alguien se opone, simplemente le niegan el servicio.
Hay cientos de quejas de los ciudadanos afectados, pero tampoco han encontrado eco en la autoridad. Los funcionarios del área no hacen su trabajo porque tienen miedo a meterse en problemas con los sindicatos.
El caso de los autos de plataforma es igual de preocupante, pues aunque los vehículos son de modelo reciente, también tienen tarifas elevadas de acuerdo a sus parámetros, que por cierto ellos mismos imponen.
Si bien es cierto que el trato no es tan despótico como los ruleteros de amarillo y verde, las empresas de app determinan los horarios y las zonas donde ellos desean trabajar.
Por otra parte, han sido protagonistas de crímenes y violaciones a pesar de los controles que tienen para incorporar a los asociados. El reclamo ciudadano al Gobierno estatal es que ponga orden de una vez por todas y sobre todo sin excusas.
