Los alcaldes que entraron en funciones a partir del 1 de octubre del año pasado están aplicando la estrategia de “borrón y cuenta nueva”, pero no para los ciudadanos que tienen adeudos de predial o cualquier otro impuesto, sino con los proveedores heredados por las administraciones anteriores.
Al menos esa es la queja de cientos de empresas que por arte de magia ya no aparecen en el sistema cuando éstos se presentan a reclamar su pago con facturas en mano, porque los que llegaron desconocen las deudas del pasado.
Esta situación trae molestos a los dueños de negocios de todos los tamaños (grandes, medianos y pequeños), que durante el último año trabajaron en alguna obra, o bien prestaron algún servicio o surtieron algún material con la promesa de liquidarlos antes de irse.
De entrada esa fue la primera mentira, porque lejos de pagarles, dejaron correr el tiempo con toda intención para patear el bote y ganar tiempo hasta que se llegaron los procesos electorales, y muchos de ellos perdieron en las urnas.
En los municipios donde no se pudieron perpetuar en el poder la situación se puso todavía peor, pues los nuevos presidentes municipales dieron la instrucción a sus tesoreros, de respetar solo los compromisos adquiridos en campaña, dejando fuera de la jugada a los demás.
Para muestra dos botones. Uno de ellos es el caso de Pesquería, donde Francisco Esquivel Garza, de Movimiento Ciudadano, les aplicó la de “no fue en mi año, así que no es mi daño”, y por arte de magia desapareció la deuda, pero solamente del sistema porque cuando acuden ni siquiera están registrados, a pesar de tener la documentación con los sellos respectivos.
Para eso puso a la tesorera Irma Lorena Martínez a batear a todos aquellos proveedores que no hayan sido contratados por ellos, y tampoco les reconocen porque sus facturas sencillamente fueron borradas.
Otro caso es el de Allende, donde el panista Eduardo Leal también le encargó esa tarea a Alejandro Tamez, responsable de las finanzas municipales, quien aplica la misma táctica para evadir su responsabilidad.
En la mayoría de los casos, los ediles piensan que con sacarle la vuelta a estos temas resuelven el problema, pero no es así. Los afectados seguramente tienen otras instancias en los tribunales administrativos, aunque primero buscarán agotar la vía de las negociaciones, o de plano presionar con protestas públicas si no les dejan otra opción.
