Durante la presentación de su programa de gobierno, la alcaldesa de León, la tercera ciudad más grande del país, Alejandra Gutiérrez Campos, daba a conocer un dato interesante, aunque con poca novedad: el 52 por ciento de los ciudadanos consideraban que las autoridades en materia de seguridad no estaban bien preparadas.
Esta es una percepción generalizada no solo en la ciudad de León sino a nivel nacional, pues tanto la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, así como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad, ambas elaboradas por el Inegi, dejan muy mal paradas a las corporaciones municipales, al mostrarlas como instancias poco eficientes y poco confiables.
Y esto tiene un impacto directo en la percepción de inseguridad de los ciudadanos, pues por un lado se enfrentan a una criminalidad creciente y por otro no ven en las instituciones de seguridad entes en los que puedan depositar su confianza, en una situación de crisis como es la del momento de ser víctima de un delito.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo denominado “Documento De Marco Sectorial De Seguridad Ciudadana y Justicia, elaborado por la División de Capacidad Institucional del Estado, establece que la percepción de que la policía no es capaz de mantener el orden genera desconfianza entre los ciudadanos en cuanto a las capacidades del sistema de justicia criminal y la aplicación de la ley.
Además, las víctimas del crimen tienden a confiar como mínimo 10 por ciento menos en las instituciones, incluyendo la policía, que aquellos que no lo fueron. Y agrega que existe una estrecha correlación entre crimen y comportamientos ciudadanos y subrayo: “A mayores niveles de inseguridad, menor disposición del ciudadano a valorar el trabajo policial y colaborar con la misma” lo que nos mete en un círculo vicioso.
Es una lástima que uno de los ejes básicos del combate a la delincuencia como es la atención desde lo local con las corporaciones municipales se haya descuidado de una forma negligente, nunca es tarde para empezar, y por qué no, castigar también a los responsables de este descuido.
Miguel Ángel Puértolas
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