Era pasada la medianoche cuando el GPS de dos tractocamiones y varias unidades de seguridad privada de pronto se “desconectó”, la alerta fue inmediata pues la trayectoria de los vehículos que habían salido de Cuernavaca, Morelos, con destino al estado de Texas en los Estados Unidos era seguida de cerca pues la mercancía no era cualquier cosa.
Se trataba de más de 7 millones de cartuchos de diversos calibres que especialmente se utilizan en la caza y la práctica deportiva fabricados por una empresa morelense mismos que se identifican con la marca El Águila y que son los que fabrican también municiones para las corporaciones de seguridad en el país. El operativo para el robo estaba calculado milimétricamente, pues primero tuvieron que someter a los guardias de seguridad privada que escoltaban el convoy lo cual tuvo que ser mediante una logística calculada y sospechando un poco, con mucho de complicidad de quien sabía qué unidades y en qué momento era el ideal para asaltarlas sin ser detectados por las autoridades. Estamos hablando de criminales preparados del más alto nivel, lo cual preocupa pues los niveles de capacitación y entrenamiento que empiezan a demostrar los grupos delictivos aunados al armamento y equipo que muchas veces supera al de los policías comunes habla de que están abriéndose paso frente a una autoridad que poco hace para combatirlos.
Otra situación que preocupa es el uso que se le pretenda dar a la mercancía, no es la primera vez que se reporta el robo de municiones, recientemente en el municipio de Silao en Guanajuato se reportó la extraña desaparición de más de 28 mil cartuchos de diferentes calibres esto sí de los comúnmente utilizados por la delincuencia organizada.
Claro, no hay que menoscabar el hecho de que los cartuchos sustraídos no sean de los calibres que normalmente usan los delincuentes para cometer sus fechorías, pues al estar en las manos equivocadas igual pueden utilizarse para acabar con la vida de cualquier ser humano.
Ahora está a prueba el desempeño de la Fiscalía General de la República a la que le tocará dar con los responsables de este suceso y recuperar esta carga cuya utilidad para la delincuencia significa más de 55 millones de pesos.
Miguel Ángel Puértolas
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