Quienes me conocen saben que soy un defensor firme de la transparencia, la rendición de cuentas y las buenas prácticas de gobierno. Estoy convencido de que ese es el camino para enfrentar muchos de los problemas que arrastra México. Una sociedad informada y educada en estos principios también exige gobiernos que actúen en consecuencia. Ese trayecto conduce, inevitablemente, al uso correcto de los impuestos, es decir, del dinero de todos.
Por eso celebro la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde su origen, el SNA ha operado más como una escenografía institucional, un “hacer como que se hace”, que como un mecanismo eficaz para desmantelar la corrupción que sigue pesando sobre el país.
Es relevante, además, que se aparte del discurso de su antecesor, quien en las conferencias matutinas repetía que la corrupción había terminado. Al señalar que la revisión del SNA busca empoderar al ciudadano “para que tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo”, reconoce una realidad que las cifras y casos que se han hecho mediáticos no permiten maquillaje alguno.
Al revisar el desempeño de las fiscalías anticorrupción en el país, encontré un dato demoledor: de más de 69 mil carpetas de investigación abiertas, apenas el 0.89% derivó en una orden de aprehensión; el 0.77% en una vinculación a proceso y solo el 0.35% en una sentencia. La distancia entre el discurso y la eficacia institucional es abismal.
El empoderamiento ciudadano no puede quedarse en la retórica. Debe traducirse por ejemplo en fortalecer a los comités de participación ciudadana y transformarlos en verdaderas contralorías con facultades para presentar denuncias, evitar su uso político y lograr que sus recomendaciones tengan carácter vinculante.
Otra pieza clave es contar con padrones confiables de proveedores, acceso en tiempo real a los procesos de compras gubernamentales y una revisión profunda de los esquemas de adjudicación directa. Hoy existen vacíos que han permitido casos graves de lavado de dinero; no necesariamente vinculados al crimen organizado, pero con el riesgo latente de que ocurra.
Se debe comenzar por prevenir la tentación del uso indebido del recurso público y, al mismo tiempo, construir un sistema de vigilancia en tiempo real. Cajas transparentes evitan tentaciones. Pero también es indispensable que exista un sistema real de sanción: facilidad para denunciar, correcta judicialización, fiscalías anticorrupción fortalecidas y, finalmente, sanciones ejemplares.
El día que solo la tentación de desviar dinero público, producto del trabajo de todos, sea casi inexistente, podremos hablar de un combate real a la corrupción. Su erradicación total puede ser una utopía, pero reducirla a niveles mínimos es posible cuando existen valores, educación y un sistema de procuración e impartición de justicia que funcione.
Más candados no necesariamente significan más control; muchas veces evidencian la profundidad del problema.
