La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa un momento en el que cada decisión administrativa tiene lectura política y social. La compra de nueve camionetas blindadas para ministras y ministros, revelada entre hace unos días, no ocurrió en el vacío, se dio en medio de un clima de escrutinio ciudadano, cuestionamientos al proceso de selección de integrantes del tribunal y una narrativa pública dominada por la austeridad como principio rector del gasto.
La explicación institucional fue técnica dijeron que era una renovación de unidades que ya no cumplían estándares de seguridad. El problema no estuvo en la legalidad del procedimiento, sino en su significado. En un país donde el discurso oficial ha colocado la austeridad como referencia ética del ejercicio público, la adquisición de vehículos con costos de entre 1.5 y 3 millones de pesos por unidad activó una reacción inmediata que la Corte no supo anticipar.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones públicas y el tema escaló y lo que pudo ser un asunto administrativo se convirtió en un símbolo de desconexión entre el discurso y la práctica institucional. La narrativa dejó de ser “renovación por seguridad” y pasó a ser “lujo en tiempos de austeridad”, blindados por seguridad está bien pero ¿con esos costos al erario?.
La respuesta posterior de la Corte de rechazar el uso de las camionetas de lujo llegó cuando el daño a la imagen ya estaba hecho. En comunicación pública, rectificar no borra la primera impresión, sobre todo cuando se trata de recursos públicos y de una institución que, por definición, debe proyectar sobriedad y prudencia, o no se ha entendido.
El episodio ocurre además con una Suprema Corte cuya legitimidad social ya se encuentra bajo observación. El proceso reciente de selección de sus integrantes ha sido señalado por distintos sectores como opaco y cuestionable. En ese contexto, cualquier decisión que parezca alejada de la mesura alimenta la percepción de distancia entre el tribunal y la ciudadanía.
A esto se suma el intento del ministro presidente por enviar mensajes simbólicos de cercanía cultural, como el uso de togas con detalles inspirados en pueblos originarios. Sin embargo, los símbolos pierden fuerza cuando conviven con decisiones administrativas que generan sospecha. La imagen institucional no se construye con gestos estéticos, sino con coherencia entre discurso y práctica.
La justicia no solo debe ser imparcial; debe parecerlo. Y en el terreno de la opinión pública, la percepción es determinante. La compra de las camionetas, aun si estuvo sustentada en criterios técnicos, proyectó una señal que contradice el entorno político y social en el que opera la Corte y la prédica institucionalizada por la 4T.
