Hace unos días el Doctor Higinio Martínez Miranda, Jefe del Gabinete y Proyectos Especiales del Gobierno que dirige la mandataria Maestra Delfina Gómez Álvarez, expresó una crítica constructiva y la propuesta para impulsar vigorosamente la lucha contra la corrupción, a través del establecimiento de un Tribunal de Cuentas. Medidas como esta harían la diferencia con los gobiernos anteriores, muy desprestigiados. Recordemos: “a grandes males, grandes remedios”.
Esta demanda coincide con reclamos ciudadanos que escuchamos hace muchos años, reiterados durante las consultas para elaborar la propuesta de Reforma Constitucional, que tiene en estudio la Cámara de Diputados, y también de las propuestas presentadas en los Foros de Consulta de la campaña de la Gobernadora Gómez Álvarez.
La experiencia internacional de los tribunales de cuentas demuestra que su implantación puede mejorar los procedimientos para un control más efectivo de los recursos de los contribuyentes, barrera contra la impunidad, permite la auténtica transparencia y la rendición de cuentas, así como contribuye al mejoramiento integral de la administración pública. La diferencia principal podría ser, inicialmente, reestructurar al actual Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) del Poder Legislativo transformando su organización unipersonal en estructura colegiada, como los demás órganos de la Cámara y de otros poderes, con una estructura regional, que alcance a todas las oficinas que integran los Poderes del Estado, incluyendo los Ayuntamientos, proporcionando la máxima difusión y transparencia posibles a sus procedimientos y toma de decisiones.
El mayor temor de un servidor público pillo es que lo descubran, denuncien y se difunda que está siendo investigado o inclusive sancionado, preservando el debido proceso y la protección de datos personales. Riqueza lograda con desprestigio, molesta y es peligrosa.
Cambios así permitirían verificar y lograr el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en la recaudación y aplicación de los recursos de los contribuyentes, así como el ejercicio de las atribuciones facultadas a las autoridades gubernamentales. Es lo menos que podemos demandar para evolucionar positivamente en la lucha por erradicar la corrupción en la 4T. Lo poco logrado hasta la fecha en la lucha contra la corrupción muestra la dificultad de hacer reformas profundas y los costos de no hacer nada.
