Sólo así se puede detonar una venta masiva.
En Estados Unidos y Europa el fomento a la incorporación de vehículos eléctricos (VE) ha estado acompañada de incentivos fiscales que permiten facilitar la decisión de compra y promover una adopción más rápida de nuevas tecnologías.
A lo largo de la última década las diversas versiones de VE de muchas empresas han incrementado su oferta, así como su rango de autonomía de alrededor de 400 kilómetros como estándar. Sin embargo siguen siendo opciones mucho más costosas que las versiones que ofrecen los vehículos de combustión interna (VCI), si bien el rango de autonomía se ha incrementado sustancialmente y muchos cuentan con opciones de recarga de 30 minutos, también es cierto que se debe contar con los super cargadores, que por cierto son muy caros como para tenerlos en casa y requieren una instalación de consumo prácticamente industrial, además de que no hay suficientes en las calles y carreteras como para viajar por nuestro país y elegir en donde detenerse para recargar, vaya ni en las rutas más populares como pueden ser en la Carretera México-Acapulco hay previstos centros de recarga rápida todavía.
Pero centrémonos en el precio de estos VE y comparemos este precio, con el presupuesto que puede gastar por un vehículo un consumidor promedio en el mercado Mexicano, propongo lo anterior para tratar de comprender la problemática de incorporación de esta tecnología de forma masiva.
Imaginemos el futuro a mediano plazo y que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey decidieran la prohibición de venta y circulación de VCI como lo harán ciudades Europeas como Amsterdam a partir de 2030.
¿Sería viable una disposición gubernamental de estas dimensiones en México?, me refiero que se prohíba la venta y circulación de VCI en ciudades completas, juntos responderemos a esta pregunta más adelante.
En México solo 5 por ciento de la población de todo el país tiene la posibilidad de adquirir un vehículo nuevo, según datos de la AMDA, este público objetivo podría tener un potencial de entre 7 y 8 por cinento del total de la población.
Cabe señalar que este tamaño de mercado es sumamente sensible al precio, tomemos en cuenta que el precio promedio de compra en México es de alrededor de 400 mil pesos con datos de la misma AMDA.
Es importante considerar que conforme el precio de venta de los vehículos nuevos supera el precio promedio, el porcentaje del mercado que tiene acceso a las versiones más altas se reduce dramáticamente.
Por otra parte vemos que los precios de venta de los VE con prestaciones similares a los VCI que se ubican en el promedio de precio mencionado anteriormente son el Bolt de Chevrolet o el Leaf de Nissan, sin embargo estos tienen un precio publicado que ronda los 950 mil pesos, que por su autonomía permiten traslados urbanos y hasta ir a la casa de fin de semana de Ciudad de México a Cuernavaca, existen otros más baratos pero solo pueden servir para uso urbano por no tener una autonomía de más de 100 km por lo que no es comparable su uso al promedio para los que decidimos buscar un vehículo familiar.
Dicho lo anterior, el incentivo fiscal mínimo en nuestro país para la adquisición de un vehículo eléctrico debería rondar los 450 mil pesos como mínimo, para que los modelos de VE de versiones de entrada al segmento pudieran acercarse al promedio de compra de nuestro País.
Solo con un incentivo de ese tamaño se podría suspender el emplacamiento de VCI en CdMx, Guadalajara y Monterrey, además de otorgar un periodo de máximo 10 años para que los VCI emplacados dejaran de circular y buscarán una opción eléctrica y esperar que en ese lapso de tiempo la tecnología fuera más accesible, igual tiempo de gracia a los VCI de otros estados que quieran ingresar con pase turístico y después evitar la entrada de los mismos a las ciudades antes mencionadas.
Sin embargo habrá un sector que hoy viaja en vehículos viejos y obsoletos que requerirá de transporte público suficiente y eficiente para realizar sus actividades cotidianas en las ciudades que limiten la circulación de VCI, y así dejar estacionada su carcachita en casa, porque este sector difícilmente podrá adquirir un VE, todo esto se debe planear, de lo contrario la transición tecnológica sería mucho más lenta con los daños al medio ambiente y la falta de cumplimiento a los compromisos hechos recientemente por nuestro País en la COP 27.
Por todo lo anterior el papel que juega el Gobierno para promover las tecnologías eléctricas por medio de incentivos y transporte público eficiente es fundamental.
También es crítico promover inversiones de la IP que ofrezca mejor transporte público en cantidad suficiente con costos de traslado que garanticen un retorno a la inversión, pero aun con eso falta un ingrediente muy importante, la disposición política para que esto suceda, privilegiando la calidad del medio ambiente y la salud de la población, también la calidad de vida con transporte público eficaz y suficiente.
¿El Gobierno estaría dispuesto a promover la adquisición de vehículos eléctricos, con incentivos fiscales?, ¿los legisladores y funcionarios públicos estarán conscientes de que los compromisos hechos por nuestro País para mitigar las emisiones contaminantes, deben incluir mejorar las tecnologías de movilidad y el transporte público de las principales ciudades del País?, ¿Cómo contribuyentes estamos conscientes y dispuestos a exigir este tipo de incentivos y servicios públicos?
Usted es el mejor para contestar estas preguntas y decidir si México tiene un plan como país para mitigar el calentamiento global desde el sector transporte, pero no solo eso también puede ser que como sociedad no tengamos conciencia de la urgencia para dar este paso que puede poner en riesgo a las futuras generaciones o quizá usted sí lo esté.
Mauricio Kuri
