Lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando hace unos días presentó la nueva estrategia para combatir la extorsión, constituye una eficaz síntesis de lo que es una política de Estado:
“Que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy, quien denuncia, quien tiene que denunciar la extorsión, es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos.”
Este principio podría ser extensivo a los delitos más graves, aquellos que más daño hacen a las personas y más lastiman a la sociedad, porque en él se siente el compromiso y el poder del Estado. Que las víctimas no sean ya personas o familias solas, aisladas, indefensas frente a sus victimarios. Es de la mayor importancia que el Estado haga sentir su postura y acción frente al delito y sus perpetradores.
La estrategia contra la extorsión puede ser un modelo básico para explicar una postura institucional frente a este y otros ataques al Estado de derecho. Parte del diagnóstico, es decir, del reconocimiento de lo que sucede, se basa en datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
•La extorsión creció 27.7 por ciento entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de 2025: pasó de un promedio diario de 23.96 casos a 30.55.
•En 2019 se abrieron 8 mil 734 investigaciones y para diciembre de 2023 la cifra fue de 10 mil 337, esto es, un incremento de 18.35 por ciento.
•En los primeros ocho meses de este gobierno se registraron 7 mil 244 casos; si se proyecta la cifra a 12 meses, se calculan 10 mil 866.
•En ocho entidades se concentra 66 por ciento de los casos: Edomex, 2 mil 49 y luego, en orden descendente, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
La estrategia nacional incluye una iniciativa para crear la Ley General contra la Extorsión para caracterizarla como delito grave y perseguirla de oficio. Al ser una ley general, obliga a los estados a legislar en consecuencia.
Algunas de las líneas de la estrategia son la habilitación del número 089 para la recepción de denuncias, las que deben atenderse mediante un protocolo de protección a las víctimas y poner en marcha actividades de investigación e inteligencia y, en su caso, de activación de detenciones.
La estrategia comprende también, de acuerdo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, operativos sorpresa en penales, congelamiento de cuentas, creación de unidades antiextorsión locales y capacitación en manejo de crisis y negociación. Todo acompañado por campañas nacionales de prevención.
Puede decirse que la estrategia tendrá éxito, en una primera etapa, en la medida en que se registren detenciones, se obtengan sentencias y se contenga el crecimiento del delito; en el mediano plazo, la medida de lo logrado deberá ser la paulatina reducción de casos de extorsión, lo que evidenciaría que el Estado ha podido inhibirla combatiendo la impunidad y mostrando su capacidad de prevención, combate y sanción.
Es muy relevante que se haya decidido mostrar un diagnóstico y comprometer un esfuerzo sistemático para hacer frente a la extorsión, que tanto empodera al criminal y que tanto daño causa a la economía y la tranquilidad ciudadana.
Los operativos exitosos contra la producción y tráfico de fentanilo, los severos golpes al huachicol y contrabando de hidrocarburos, y la tendencia a la baja de los homicidios dolosos revelan que hay voluntad política y compromiso gubernamental para desarticular los eslabones más persistentes de la inseguridad y la violencia.
Falta mucho por hacer, pero estas acciones merecen reconocimiento y respaldo en el contexto de la larga batalla que debe librarse para recuperar la paz pública.
